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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 19/06/2025 08:23
Más de 50 mil personas dependen de antirretrovirales que el Estado dejó de comprar. El riesgo sanitario crece en paralelo al desmantelamiento de áreas clave del Ministerio de Salud. Jueves, 19 de Junio de 2025, 8:05 Redacción EL ARGENTINO El desfinanciamiento de la salud pública empieza a traducirse en emergencias concretas. Según el último informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) de Fundación GEP, el gobierno nacional no realizó compras de medicamentos antirretrovirales en los últimos meses. La situación ya genera faltantes y pone en riesgo la continuidad del tratamiento de más de 50 mil personas con VIH que se atienden en el sistema público. Si no se revierten las decisiones administrativas, a partir de agosto el quiebre en la cadena de suministro será irreversible. El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis había advertido en febrero que los despidos masivos en la Dirección de Respuesta al VIH tendrían consecuencias. De 80 trabajadores especializados, el 40% fue desvinculado. En aquel momento, el Ministerio de Salud había negado impacto operativo y justificó la medida como parte de una reestructuración “eficiente” y ajena a intereses partidarios o de ONGs. Cuatro meses después, el ajuste se expresa en la paralización de expedientes, licitaciones caídas y procesos de compra que nunca se iniciaron. Uno de los medicamentos más comprometidos es el Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, insumo esencial para unas 48 mil personas. El Estado no registra adquisiciones recientes de esta triple combinación que permite mantener controlado el virus. Tampoco hay compras registradas de Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg, requerido por más de 10 mil personas. Ambos tratamientos superan ampliamente los $128.000 mensuales si se adquieren en farmacias, un costo inaccesible para la mayoría. En total, en Argentina hay más de 140 mil personas diagnosticadas con VIH. Casi 70 mil reciben tratamiento en el sistema público, lo que representa el 70% del total de pacientes bajo tratamiento. La gravedad del panorama no sólo expone un problema de provisión, sino una amenaza a la continuidad de las políticas públicas de salud que garantizan derechos adquiridos desde hace más de dos décadas. “El Ministerio decía que estaban los expedientes en curso, pero no se hicieron compras. Algunos procesos se cayeron, otros nunca comenzaron. La situación es muy preocupante”, alertó José Di Bello, titular de la Fundación Grupo Efecto Positivo. La falta de previsión presupuestaria y de ejecución administrativa podría traducirse en interrupciones masivas de tratamientos a partir del segundo semestre del año, con consecuencias directas sobre la salud de miles. Las organizaciones del sector exigen una respuesta urgente y advierten que el desmantelamiento no es sólo presupuestario: hay un vaciamiento institucional deliberado. Los efectos del ajuste ya no son sólo números en una planilla: son vidas concretas que quedan expuestas a la vulnerabilidad.
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