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» Diario Cordoba
Fecha: 19/06/2025 08:10
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a una pena de cuatro años de prisión, multa de 108.000 euros (de 18 meses a razón de 200 euros al día) y suspensión de empleo y sueldo por tres años, con una pena accesoria de inhabilitación especial para estar al frente de la Fiscalía General por un delito de revelación de secretos. Para la otra acusada, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que el novio de Díaz Ayuso considera cooperadora necesaria del delito que atribuye a García Ortiz, pide tres años de prisión, suspensión de empleo y sueldo durante dos años y multa de 36.000 euros, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa, según consta en el escrito de calificación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "Incesante daño" González Amador considera que ambos protagonizaron "hechos delictivos" que le causaron un "continuado e incesante daño" a "la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución", por dar a concoer el correo de su abogado en el que admitía "ciertamente la comisión de dos delitos fiscales", circunstancia por la que solicita ser indemnizado con 300.000 euros. Argumenta que García Ortiz y Rodríguez "son responsables civiles directos y subsidiarios" del delito del que se considera víctima, aunque en distinta proporción: él como autor con "una cuota de 3/5" y ella, los dos quintos restantes. Lo que renuncia es a reclamar que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, "al no considerarse que el conjunto de los Españoles debamos responder patrimonialmente de ninguna forma (aún por insolvencia) de las actuaciones delictivas protagonizadas" por los acusados. Borrado del móvil El abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, comienza su escrito de acusación, de 73 páginas, señalando que el fiscal general del Estado procedió a borrar su teléfono móvil el mismo día en que la Sala Segunda decidió abrir un procedimiento por la revelación de secretos que se había empezado a investigar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que pasó al Supremo al aparecer indicios contra García Ortiz. Eso fue el 16 de octubre de 2024 y cambió de terminal el 23. El escrito de acusación se apoya también en que "García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto" el teléfono móvil "que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024". Para el abogado, si no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia, es porque "evidentemente" en realidad albergaría "el registro detallado de su actividad delictiva", informa Europa Press.
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