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Parana » Informe Digital
Fecha: 18/06/2025 15:15
El Gobierno nacional ha ordenado el cierre y la disolución de la segunda obra social en la gestión del presidente Javier Milei. En esta ocasión, la afectada es la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), que atravesaba una crisis institucional y financiera. La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), bajo la dirección de Gabriel Gonzalo Oriolo. Según la resolución 1056/2025 del organismo, se constató que la prestadora presenta una “delicada situación institucional que se debe a la merma en su población beneficiaria, lo que ha generado una reducción de aportes y contribuciones, además del aumento en los costos de insumos médicos, deudas originadas en amparos judiciales y dificultades en la contratación de prestadores”. Ayer, el gobierno libertario oficializó la eliminación de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), tras detectar diversas irregularidades. Esta fue la primera entidad de origen sindical que se dio de baja del Registro Nacional de Agentes de Seguro de Salud. Fuentes oficiales explicaron que la entidad no había tenido actividad desde su inscripción, carecía de afiliados y prestaciones médico-asistenciales, siendo comúnmente calificada como un “sello de goma”. La situación de OSPIB presenta diferencias con este caso. Esta entidad está vinculada al Sindicato de Obreros y Empleados Botoneros, establecido el 13 de julio de 1946, en el apogeo del primer gobierno peronista. OSPIB posee una página web oficial, una cartilla y una red de prestadores, con su sede en la calle 91, al 1886, en el partido bonaerense de San Martín. Conforme a la resolución de la SSS, la decisión tomada “no es más que el resultado de una evaluación integral y objetiva de la situación institucional de la entidad, efectuando el rigor técnico que requiere la normativa vigente”, afirma el documento. Además, designa al Consejo Directivo de OSPID como “comisión liquidadora, debiendo llevar a cabo el proceso de liquidación administrativa o, en su caso, promover la solicitud de quiebra de conformidad”, señala la resolución firmada por el titular del organismo. Mientras se consolida este proceso administrativo, la obra social aún no ha sido dada de baja. Deberá continuar brindando cobertura de salud e informar a sus beneficiarios sobre su derecho a optar por cambiar a otro agente del seguro de salud. Desde hace años, las obras sociales enfrentan dificultades económicas y financieras que se propagan como una mancha de aceite. Varias de ellas deberán sanear sus estados financieros a través de un plan de contingencia; de no hacerlo, podrían enfrentar un cierre similar. Recientemente, la Superintendencia de Salud declaró a varias entidades en crisis, entre ellas: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos) Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf) Obra Social de Volkswagen Argentina Obra Social de Fedecámaras (Osf) Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba Obra Social de Peones de Taxis de Rosario Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma Desde la incorporación de la medicina prepaga al sistema de salud tras las reformas económicas de los años noventa, se ha producido una disminución sostenida en el número de afiliados a las obras sociales. En línea con este conjunto de medidas, el gobierno de Javier Milei ha avanzado con la desregulación de las prestadoras de salud sindicales, en una dinámica similar a los cambios del periodo menemista, implementando medidas que fomentan una mayor competencia, tales como nuevos procedimientos para denuncias y sanciones que exigen respuestas más rápidas ante las reclamaciones. Con el decreto 170/2024, el Poder Ejecutivo decidió que los trabajadores pueden elegir libremente la obra social o prepaga a la que desean destinar sus aportes, sin necesidad de contar con un intermediario que sea otra entidad sindical. Esta medida afecta a más de 14 millones de trabajadores, incluyendo a empleados en relación de dependencia, monotributistas, personal doméstico y los más de 5 millones de personas que forman parte del llamado sistema general. La eliminación de los intermediarios ha generado desconfianza entre los sindicatos, ante la posible disminución de afiliados a las obras sociales, lo que podría repercutir en la reducción de aportes y la migración a otras entidades. De hecho, las obras sociales reciben reintegros de la SSS que están vinculados a la cantidad de afiliados de cada prestadora sindical. En cuanto a transferencias, el Gobierno implementó cambios. El año pasado, la Superintendencia modificó a través de un decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), eliminando la compensación adicional que beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios. Con esta modificación, las asignaciones se otorgan en función de la cantidad real de afiliados, lo que afecta negativamente a los sindicatos con “menor caja” y estructura. Un análisis de Infobae indicó que, de un total de 290 entidades, 201 resultaron afectadas, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraposición, las obras sociales con mayor número de beneficiarios se vieron favorecidas por este nuevo esquema.
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