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Parana » Informe Digital
Fecha: 18/06/2025 14:59
Argumentando la necesidad de adaptar la estructura estatal a un nuevo paradigma productivo, el Gobierno oficializó la disolución de diversos programas de promoción ganadera, entre ellos el régimen ovino, caprino y bubalino, así como la derogación de los marcos legales que respaldaban la producción ovina, caprina, bubalina, sericícola y la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas, que habían sustentado históricos regímenes de fomento ganadero y rural. En detalle, se derogaron el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, así como su Comisión Asesora Técnica (CAT); el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y el Registro Nacional de Sericicultura; el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina y su respectiva CAT; y el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, junto con su Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua y el Consejo Federal Bubalino. “Es imperioso revisar funciones que pudieran resultar redundantes”, expresa el decreto 408/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. Esta medida se inscribe en el proceso de desregulación general del Estado establecido por el Decreto 70/2023 y busca —según detalla la normativa— “maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública” y “asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos.” Entre los programas eliminados se encuentra el Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley 25.422. “Los mencionados regímenes fueron diseñados en un contexto productivo, institucional e histórico muy diferente al actual”, sostiene el decreto presidencial. Entre los programas eliminados se destaca el emblemático Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instaurado por la Ley 25.422, cuya vigencia fue fundamental durante más de dos décadas para el desarrollo de la actividad en provincias patagónicas y del norte argentino. También se disolvió la Comisión Asesora Técnica (CAT) que lo apoyaba. A este se suma el Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, establecido por la Ley 25.747, que fomentaba la sericicultura, el cultivo de moreras y la capacitación técnica para la industria de la seda. La norma también preveía la creación de un Registro Nacional de Sericicultura, que ahora ha quedado sin efecto. Se derogó el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, su Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua y el Consejo Federal Bubalino. En la misma línea, se disolvió el Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, establecido por la Ley 26.141, así como su correspondiente CAT. Este marco legal tuvo como objetivo modernizar la producción caprina y promover el arraigo rural. Otro programa que perdió su estatus legal es el Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, contemplado en la Ley 27.066, integrado al Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. A través de este, se otorgaban aportes no reintegrables a proyectos provinciales y de instituciones rurales. Asimismo, se eliminó el Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua, instituido por la Ley 27.076, junto con el Consejo Federal Bubalino, organismo asesor creado para coordinar políticas en esta materia. “Estos regímenes son un ejemplo característico de la actividad administrativa tradicionalmente denominada ‘fomento’ o ‘ayudas públicas’”, indica el texto oficial. Sin embargo, aclara que su continuidad no se ajusta al nuevo paradigma de gestión estatal, enfocado en la reducción de costos y estructuras. La normativa fundamenta su decisión en la Ley de Bases N° 27.742, recientemente sancionada, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para intervenir en áreas administrativas con el fin de lograr una gestión pública más ágil y transparente. En particular, el artículo 2° de esta ley establece como prioridad “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “transparentar el gasto.” “Es necesario avanzar con las disoluciones de las comisiones asesoras y programas entendidos dentro del concepto de ‘competencias, funciones y responsabilidades’ de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”, precisa el decreto. Desde el Gobierno aseguraron que la medida no exime al Estado ni a los beneficiarios del cumplimiento de las obligaciones ya asumidas durante la vigencia de los programas derogadas. Esto implica que quienes ya hayan recibido aportes o estén ejecutando proyectos aprobados no verán afectado su progreso. En total, se derogaron las leyes 25.422, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076, lo que conlleva la eliminación formal de los programas asociados y sus estructuras administrativas. Para el Ejecutivo, este paso marca el final de una etapa de promoción estatal activa en ciertas producciones rurales y el inicio de otra centrada en “la libre iniciativa privada.” “El Estado promoverá y garantizará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia”, recuerda en referencia al Decreto 70/2023. En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la derogación de las leyes de promoción ganadera en un extenso hilo en su cuenta de X, defendiendo el Decreto 408/2025, firmado por el presidente Milei, que eliminó estas leyes de promoción agropecuaria para producciones ovinas, caprinas, de llamas, búfalos y zonas áridas. “Con el presidente Milei, estamos empeñados en desmantelar ese sistema de destrucción recíproca y transformarlo en otro con reglas simples e iguales para todos”, expresó Sturzenegger. El ministro citó a Jorge Bustamante, autor de La República Corporativa, y su noción de “sistema de obstaculización recíproca”, donde los sectores “creen avanzar al prevalecer sobre el resto, sin percibir que se destruye el conjunto.” El funcionario calificó de “supuestas promociones” a las leyes eliminadas por su escasa efectividad y limitado alcance. En el caso del programa ovino, subrayó que tras 23 años de vigencia, el stock descendió de 13 a 12 millones de cabezas, y en 2023 solo alcanzó a 261 productores dentro de un universo potencial de 130.000 posibles beneficiarios. “El programa atendía al 0,2% del universo potencial de beneficiarios. ¿Qué tipo de programa es ese? ¿Quiénes eran ese 0,2%? ¿Cuál era el costo de la estructura estatal necesaria para sostener un programa con tan pocos beneficiarios?” Respecto al programa caprino, indicó que apenas alcanzaba al 0,5% de los productores y que directamente “no se ejecutaba porque no había interesados.” En el caso del fomento a zonas áridas, la estructura se mantenía para distribuir menos de US$50.000 en 2023. Y el plan para el ganado bubalino, sancionado en 2015, “nunca fue implementado”, ni siquiera durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. A continuación, Sturzenegger enumeró una larga lista de medidas implementadas por el Gobierno en el ámbito agropecuario, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de retenciones a economías regionales y productos de la zona núcleo, la disminución de aranceles para fertilizantes y bienes de capital usados, la importación por equivalencia de vacunas veterinarias y aftosa (con una proyección de reducción de precios del 50%), la apertura de la exportación de ganado en pie y la eliminación del peso mínimo de faena, y la supresión de RUTA y LINTI, lo que disminuyó costos logísticos. Además, manifestó que con el nuevo régimen de cabotaje fluvial podría reducirse un 40% el costo del transporte, sumado a avances en herramientas financieras como auto-warrants y pagaré mercancía, conectividad aérea para ciudades del interior como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, y reformas en yerba, vitivinicultura y la desregulación de Senasa. “Podríamos continuar por varios párrafos más y ni hablar de la agenda que viene en entes vacunadores, bitrenes, ganadería, etc.”, concluyó.
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