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CABA » Plazademayo
Fecha: 18/06/2025 12:19
El nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), impulsado por un DNU, centralizará las investigaciones complejas y habilitará acciones policiales sin intervención judicial previa. La oposición advierte sobre posibles excesos y retrocesos democráticos. En un anuncio que generó fuertes repercusiones, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron este martes la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una unidad reformulada de la Policía Federal Argentina que contará con amplias facultades de acción, incluidas detenciones sin orden judicial y ciberpatrullaje en redes sociales. El nuevo organismo fue oficializado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 383/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, el DFI se inspira en agencias como el FBI de Estados Unidos, y en las estructuras de seguridad de Brasil e Israel. El objetivo declarado es enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado con mayor capacidad técnica y operativa. Entre sus atribuciones más polémicas, el DFI podrá realizar requisas y detenciones sin autorización previa cuando existan “circunstancias fundadas” y realizar inteligencia digital en redes sociales y sitios web públicos sin requerir autorización judicial, lo que ha despertado alertas en sectores del ámbito jurídico y organizaciones de derechos civiles. “El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcotraficantes y los terroristas”, justificó Milei durante el anuncio. “Los de azul son los buenos”, agregó en defensa de la fuerza policial, a la que acusó de haber sido históricamente “privada de propósito” por la política. La ministra Patricia Bullrich, por su parte, aseguró que el nuevo departamento será “el corazón de la Policía Federal” y que estará orientado a “llegar al hueso de las organizaciones que intentan tener poder”, prometiendo eficiencia en la lucha contra el delito. Críticas y dudas Aunque el Ejecutivo asegura que el DFI busca modernizar y fortalecer la seguridad, diversas voces han expresado preocupación por los alcances de esta reforma. Juristas, legisladores opositores y organizaciones de derechos humanos advierten que el decreto podría vulnerar principios constitucionales, como la necesidad de control judicial previo para detenciones e intervenciones en la privacidad digital. Además, el uso del DNU para una reforma de fondo en una fuerza federal de seguridad ya genera debate en el Congreso, donde se espera una eventual judicialización del tema. Por ahora, el DFI ya está en marcha. Mientras desde el Gobierno celebran lo que consideran un “salto cualitativo” en materia de seguridad, sectores críticos se preguntan hasta dónde se está dispuesto a llegar en nombre del orden.
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