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Parana » Paginajudicial
Fecha: 18/06/2025 08:40
Un conflicto en puerta para el Gobierno: una designación para un juzgado desoye la ley de género, pero además deja afuera a una concursante que fue ternada y será reemplazada por alguien que no lo fue. La designación de una fiscal hace ruido con lo que establece la Ley del Ministerio Publico. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La agenda judicial sigue siendo, para el Gobierno, un problema. Un enorme problema que deberá resolver el flamante secretario de Justicia, Julián Maneiro. Los cortocircuitos entre el Poder Ejecutivo y los tribunales tuvieron en las designaciones el primer capítulo. Rogelio Frigerio debió dar marcha atrás al inicio de la gestión en un caso que puso en la vereda de enfrente a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Es decir, toda la comunidad judicial. Fue a raíz del concurso 254 para titularizar el cargo de juez de Garantía en Colón. El orden de mérito en la terna fue el siguiente: Natalia Céspedes, Pelayo Amaya y Facundo Barbosa. El Gobernador envió el pliego de Amaya, que es de Concordia, lo que generó la reacción de integrantes del Colegio de la Abogacía Sección Colón, que enviaron una nota al Senado solicitando que se respete el orden de mérito, pero además la doctora venía hace casi una década desempeñándose en el cargo de manera interina. A continuación la crónica: Las designaciones y una licencia que fue impugnada Ahora, el Gobernador enfrentará un caso más complejo. El de Iriel Esperanza Munitz, ternada en el concurso 257 del Consejo de la Magistratura para cubrir cargos en los Juzgados del Trabajo 2 y 4 de Concordia. La doctora quedó en el tercer lugar, debajo de Nancy Bautista y Roberto Masara. Pero hubo otros dos concursos para juzgados laborales de Paraná y Colón (258 y 259), donde Bautista y Masara quedaron en los primeros lugares. En el tercero Sebastián Gianello y Julio Herrera, respectivamente. Frigerio envió al Senado los pliegos de Bautista, para Paraná; el de Masara y Ricardo Larocca para Concordia; y Gianello para Colón. Con el traslado de Bautista, el corrimiento ubica a Munitz en segundo lugar para titularizar su cargo. Sin embargo quedó afuera. Parecería, entonces, no tener validez ganar un concurso. La designación de Larocca chocá con lo que establece la Ley Provincial de Paridad de Género (10.844) y la “igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento jurídico”, según el artículo 17 de la Constitución. Su ingreso, por la ventana, tiene otra arista que se presta para despertar suspicacias en las almas más sensibles y es que el candidato a magistrado fue concejal de la UCR en el período 2003-2007 y luego candidato a intendente en 2007. Es un dato menor, ya que en la gestión de Sergio Urribarri fue designado juez Civil, Comercial y Laboral de San Salvador en un proceso que no estuvo exento de polémica. En aquel momento, 2014, debió esperar la resolución de un amparo en el que se cuestionó los puntajes. En 2017 fue designado interinamente por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el Juzgado de Familia de esa ciudad. Allí tuvo que enfrentar marchas de vecinos que cuestionaron fallos que -supuestamente- favorecían a denunciados por violencia. Otro frente abierto es la designación de Josefina Beherán como fiscal auxiliar N° 3 en Gualeguaychú. Su hermano, Lisandro, es el coordinador de los fiscales en esa jurisdicción. En los artículos 23 y 24 de la Ley del Ministerio Público Fiscal se registran las obligaciones de los fiscales coordinadores. Allí no se expresa categóricamente la incompatibilidad de familiares, pese a que en este caso Lisandro tiene como una de las funciones el control disciplinario de Josefina. Existe un caso testigo. La doctora Laila Taleb fue designada como fiscal auxiliar N° 2 en Colón. Inicialmente tenía destino en Gualeguay, jurisdicción de Victoria y sede de la fiscalía de coordinación que ejerce el doctor Gamal Taleb, hermano de Laila. Los pliegos en cuestión están en el Senado. Como se dijo, la ley no prohíbe expresamente ese vínculo en una misma jurisdicción, pero tampoco se visualiza una transparencia inapelable.
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