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Parana » Informe Digital
Fecha: 18/06/2025 04:34
La Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Martín Menem, ha convocado a una sesión especial para el miércoles 2 de julio. Esta convocatoria, solicitada por legisladores de diversos bloques, tiene como propósito discutir proyectos relacionados con el financiamiento universitario, la salud pediátrica y mental, así como el apoyo a las PyMEs, temas que han encontrado rechazo por parte del oficialismo. La demanda fue promovida por el bloque Democracia para Siempre (DPS), encabezado por Pablo Juliano, en conjunto con el diputado radical Julio Cobos y el santafesino Mario Barletta, de Unidos. Para llevar a cabo esta sesión, será necesario llegar a un acuerdo con Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la izquierda y la Coalición Cívica, con el objetivo de alcanzar el quorum de 129 diputados exigido para iniciar el pleno. El debate en esta sesión será fundamental para la reforma del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo dictamen de mayoría, apoyado por UxP, DPS y Encuentro Federal, plantea que dichos decretos tengan vigencia solo por 90 días desde su publicación. También se discutirán el aumento de fondos para las universidades y la emergencia del Hospital Garrahan. Estos asuntos requieren pasar por la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, quien se opone a iniciativas que impliquen un mayor gasto público. Al mismo tiempo, se están impulsando proyectos para la promoción de las PyMEs, el juicio por jurados, modificaciones en los husos horarios y el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral. Parte de estas iniciativas fueron discutidas en la sesión del 5 de junio, aunque la convocatoria perdió quórum tras el retiro del PRO y la UCR. El Asesor presidencial Santiago Caputo junto a Daniel Parisini, en los balcones del recinto Los proyectos y la postura del oficialismo libertario Uno de los seis proyectos destinados a asegurar el financiamiento universitario fue presentado hace dos semanas en la Cámara Baja por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todos los rectores del país. Esta propuesta sugiere un ajuste salarial por paritarias que se ajuste a la inflación del Indec y un aumento progresivo del presupuesto para la educación universitaria, que debería alcanzar en 2031 al menos un 1,5% del PBI, comenzando con un 1% en 2026. Los proyectos para declarar la emergencia en pediatría en el Hospital Garrahan contemplan la asignación prioritaria e inmediata de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial, todos destinados al cuidado pediátrico en todo el país. Además, incluyen la recomposición inmediata de los salarios del personal y la exención del pago de Ganancias para quienes trabajan en efectores públicos y privados en actividades críticas, horas extras y guardias. A pesar de que dos proyectos ya cuentan con dictamen en la Comisión de Salud, aún deben ser aprobados por las comisiones de Presupuesto y Salud Pública, Niñez y Juventudes. Dado que estas comisiones están bajo el control de los libertarios y sus aliados, la oposición requiere un impulso para avanzar en estos asuntos, actualmente en estado de parálisis. En discusión se encuentra la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que es rechazada por la actual gestión. El dictamen de mayoría propuesto por UxP, DPS y Encuentro Federal establece que los DNU tendrán una vigencia de 90 días desde su publicación, permitiendo la aprobación de artículos por separado y estipulando que, si no son ratificados por ambas cámaras, quedarán anulados. En la actualidad, la Ley 26.122 determina que un decreto se ratifica si cuenta con el aval de únicamente una cámara. Si bien los dictámenes de radicalismo y Coalición Cívica no establecen un plazo para el tratamiento de los DNU, sí indican que, si una cámara lo rechaza, el decreto se considera derogado, manteniéndose únicamente los derechos adquiridos durante su vigencia. Por su parte, Libertad Avanza (LLA) y el PRO se oponen a cualquier modificación en la ley de DNU. MVS / Gi
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