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Parana » Radio La Voz
Fecha: 18/06/2025 01:17
El abogado Rubén Pagliotto fue consultado por RADIO LA VOZ por la investigación que se lleva adelante por un supuesto desfalco que habría llevado adelante una funcionaria provincial por 66 millones de pesos en comedores escolares y comunitarios. “Si el hecho sucedió tal como lo describe el artículo de INFOBAE, la cuestión entonces amerita de modo obligatorio y por imperio constitucional que la aludida ex funcionaria (Murúa) sea denunciada penalmente. Ello es imperativo y se trata de un hecho grave. Responsabilidad que le caben a la Ministra del área y al propio gobernador”, señaló. Agregó que: “Es triplemente grave este hecho: a) por tratarse de dineros públicos; b)por ser fondos con un destino específico esencial y que hace a un derecho humano de primera generación, como lo es el de alimentarse, vinculado a los intereses superiores de niños, niñas y adolescentes, tal como se desprende de tratados y pactos internacionales. Franja etaria que habita en una de las dos ciudades más pobre del país. Y el tercer motivo de la gravedad, es que este hecho haya sido presuntamente perpetrado por una funcionaria de un gobierno que supuestamente vino a desterrar la corrupción y a plantar un piso alto de transparencia, como ha vociferado el gobernador Frigerio hasta el empalagamiento”. Pagliotto señaló que: “El gobernador debería instruir a su secretario legal y técnico o al fiscal de Estado, para que formalicen la pertinente denuncia penal por la posible comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros”. “A este hecho habría que sumar otro de enorme gravedad, como es el de haber contratado a su hermana en el área de educación, siendo que la hermana vive y desarrolla su actividad docente en la provincia de Corrientes, lo que configura la existencia de otro posible delito como lo es el de fraude contra la administración pública. Claramente se trata, dicho en lenguaje coloquial, de un contrato trucho en el área de educación, todo lo cual amerita que de modo urgente y sin dilación alguna de tiempo, se anoticie de estos supuestos hechos delictivos al MPF, a fin de que inmediatamente se abra una Investigación Penal Preparatoria, a fin de que se determine la materialidad de los hechos denunciados (es decir su existencia o no) y, de darse ello, quién o quiénes resultan ser sus autores penalmente responsables, a título de dolo o de culpa, cualquiera haya sido su grado de participación delictiva”, concluyó el abogado.
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