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Concordia » Diario Junio
Fecha: 18/06/2025 01:00
El gobernador de Entre Ríos firmó esta semana el decreto que oficializa la salida del último de los altos funcionarios señalados por los trabajadores de ATER como “directores fantasmas”. Se trata de Rafael Orlando Cardoso, quien había sido designado en diciembre de 2023 como director general adjunto de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), y cuya permanencia en el cargo había generado malestar en el organismo por su nula presencia en oficinas, su falta de funciones claras y su implicación en una causa judicial por el cobro indebido de impuestos. La medida quedó formalizada a través de un decreto del ejecutivo provincial que deja sin efecto la designación de Cardoso dispuesta por el Decreto N° 49/2023 MEHF, “atendiendo a razones de reorganización del mencionado organismo”. En los considerandos se cita la facultad del Poder Ejecutivo para remover autoridades superiores conforme a lo establecido en la Ley N° 10.091. Con esta decisión, el gobierno completa el retiro de los tres funcionarios que desde mayo pasado eran objeto de fuertes críticas por parte del personal de ATER, que lleva adelante asambleas, retenciones de servicio y protestas en toda la provincia. El primero en salir fue Didier Eduardo Jourdan, designado en enero como subdirector de Relación con el Contribuyente, quien presentó su renuncia a principios de junio. Según denunciaban delegados sindicales, nunca se lo vio cumplir funciones en ninguna dependencia. Su nombramiento fue interpretado como parte de un reparto de cargos entre sectores políticos: es hijo de un histórico dirigente del PJ de San José. Para esa misma fecha también dimitió Rodrigo Martín López, abogado porteño nombrado en febrero como subdirector de Catastro. Al igual que Jourdan, los trabajadores aseguraban no conocerlo, ni haberlo visto desempeñar tareas en el área. Ambas dimisiones fueron oficializadas por las resoluciones 234 y 235 de ATER, firmadas por el titular del organismo, Jesús Rafael Korell. Pero el caso de Rafael Cardoso tenía un componente más delicado. No solo era calificado como “funcionario fantasma”, sino que también se encuentra imputado en una causa penal junto al propio Korell. Ambos son investigados por haber implementado supuestamente un sistema paralelo de recaudación de un adicional del 20 al 30% sobre el impuesto inmobiliario y automotor durante 2024, sin sustento normativo ni autorización legal. Las medidas adoptadas en los últimos días parecen ser la respuesta del Ejecutivo a un conflicto que lleva más de un mes y que puso en la mira a la conducción política de ATER. Los trabajadores vienen denunciando un proceso de “ajuste por abajo”, con despidos de precarizados, recortes en adicionales por productividad y una digitalización mal planificada, mientras al mismo tiempo se multiplicaban cargos jerárquicos sin funciones reales. Desde el cuerpo de delegados advirtieron que “se achican los sectores que sostienen el ingreso genuino del Estado, mientras se inventan cargos arriba con sueldos altos y nula productividad”. En ese contexto, las salidas de Jourdan, López y Cardoso fueron leídas como triunfos parciales de la lucha gremial. Pero aún resta saber si la causa judicial contra Korell y Cardoso avanzará y si el Ejecutivo dará marcha atrás con otras medidas rechazadas por el personal del organismo recaudador.
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