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Parana » Ahora
Fecha: 17/06/2025 20:59
El abogado Tomás Vírgala cuestionó enérgicamente la detención de cinco personas el pasado viernes 13, acusadas de “daño agravado” por realizar pintadas en carteles de obra y paredes de titularidad estatal en apoyo a Cristina Fernández. En diálogo con AHORA, Vírgala—quien trabaja en este caso junto a Juan Ignacio Meyer—calificó el procedimiento policial como un “atropello” y una “reacción desmedida”, asegurando que las acciones imputadas no configuran un delito penal. El caso está a cargo del fiscal Cristian Giunta, quien instruye la causa iniciada el viernes 13 tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner. En respuesta, militantes de diversos sectores democráticos realizaron pintadas manifestando su enojo por el fallo del máximo tribunal que envió a prisión a la expresidenta de la Nación. Según Virgala, los hechos ocurrieron en la madrugada de ese viernes, cuando se llevó a cabo un “operativo” que culminó con la detención de los involucrados. El abogado detalló que “primero fueron retenidos en el vehículo durante el operativo y, posteriormente, trasladados esposados a antecedentes. Eso fue lo más preocupante”, afirmó, y agregó: “Recién fueron liberados a las cinco de la mañana”. El despliegue policial fue “innecesario y excesivamente rimbombante” para un delito como el de daño agravado. Aunque se mencionó una denuncia previa, Vírgala aseguró que “los estaban siguiendo con cámaras, es decir, se montó todo un operativo”. Para el abogado, la imputación por “daño agravado” carece de sustento legal. Fue categórico al afirmar: “No es, bajo ningún punto de vista, una figura legal”. Explicó que, en todo caso, la acción “se hubiera configurado como una contravención, pero nunca como un daño”. Virgala señaló que, para que el daño se configure penalmente, debe implicar la destrucción o inutilización del objeto afectado. “Una pintada en algunos carteles de obra y algunas paredes estatales no alcanza esta categoría”, explicó. En esa línea, enfatizó: “A nadie se le ocurre pensar que cada persona que pinta una pared está cometiendo un delito. Si así fuera, habría innumerables situaciones que investigar en Paraná, dado que cada grafiti en la ciudad debería ser analizado”. Aunque se intenta agravar la imputación argumentando que se trata de bienes públicos, Vírgala sostiene que esto no modifica la calificación penal, ya que no hubo una “destrucción o inutilización concreta”. Actualmente, el Ministerio Público Fiscal se encuentra en etapa de investigación. El equipo legal de Vírgala planea “solicitar el cierre inmediato de esta causa”, pues están “firmemente convencidos de que corresponde cerrarla por atipicidad, ya que se trata de una contravención y no de un delito penal”. El abogado expresó su profunda preocupación por el precedente que este caso podría sentar, afirmando que “pretender imputar un delito penal a militantes que se expresan es realmente preocupante”. Además, aseguró que esta inquietud es compartida por “otros abogados, funcionarios judiciales e incluso distintos sectores políticos”. Vírgala destacó que situaciones como esta no se veían desde hace mucho tiempo, mencionando un caso similar ocurrido en la ciudad de Santa Fe.
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