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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/06/2025 20:31
“Probablemente la semana que viene”, “hasta hoy se sigue trabajando”, “no tenemos fecha”. En un momento en el que el INTA se ha convertido en un tema relevante de la agenda pública, dado que el Gobierno busca implementar reformas, como se ha informado en meses anteriores, los despachos oficiales no ofrecen certeza sobre cuándo se dará a conocer el esperado decreto que contempla modificaciones en la gobernanza y en la autarquía del organismo, entre otros aspectos. Esta demora genera escepticismo entre algunos actores respecto a la posibilidad de que realmente se produzcan cambios, sobre todo luego de las contundentes críticas de las últimas semanas, que incluso provinieron de gobernadores. El INTA fue creado por el decreto ley 21.680 de 1956, bajo la presidencia de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Se estableció como un ente autárquico con diversas fuentes de financiamiento, que en ese entonces incluían el uno y medio por ciento “ad-valorem” de los productos y subproductos de la agricultura y ganadería exportados; aportes de gobiernos provinciales; la producción de sus campos y, entre otras fuentes de ingresos, “los saldos no comprometidos al fin de cada ejercicio”. Actualmente, se financia, entre otros recursos, con el 0,45% del valor CIF de las importaciones, y su presupuesto asciende a casi $230.000 millones. El organismo cuenta con un Consejo Directivo que actúa como su máximo órgano de conducción. Este consejo está compuesto por 10 miembros: cinco representantes del sector privado de entidades del agro [Coninagro, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola] y cinco del sector público [un representante de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA, el vicepresidente del ente y dos miembros adicionales, procedentes de las facultades de agronomía y veterinaria de las universidades nacionales]. Según informaciones que han trascendido, el Gobierno estaría considerando excluir a Aacrea y a las universidades de este órgano. Además, en el mismo contexto del decreto, el control financiero se trasladaría bajo la órbita directa del Ministerio de Economía, un aspecto que ha despertado la atención de diversas voces que se han manifestado contra la pérdida de su autonomía en la gestión económica. Actualmente, el director nacional coordina tanto la labor técnica-administrativa como el trabajo conjunto con el Consejo Directivo. El INTA posee 53 estaciones experimentales, seis centros de investigación y 258 agencias de extensión rural en todo el país, muchas de las cuales se encuentran en proceso de revisión. También cuenta con 15 centros regionales que están bajo la lupa del Gobierno. En total, el organismo emplea a 6000 trabajadores, y se ha mencionado que las autoridades nacionales estarían planeando recortar aproximadamente 1500 puestos de trabajo. En este contexto, y tras las pronunciamientos de varios gobernadores, diputados, entidades rurales y referentes y exmiembros del organismo, desde el Gobierno afirmaron que, en relación con la reforma del INTA, existe una colaboración entre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, y el de Transformación y Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. “Se están realizando múltiples gestiones para mantener el estatus descentralizado de gobernanza, con un 70% de participación privada y académica (por parte de las universidades) y solo tres consejeros del gobierno”, aseguró una fuente con conocimiento de la situación en el organismo, que lo calificó como “desconcierto”. Según expuso, en la actualidad no existe “un liderazgo claro” y, ante el temor de ajustes, hay empleados “analizando el retiro voluntario, desenfocados”. En este marco, ha surgido en algunas entidades agropecuarias la versión de que el decreto “no avanza” y podría no ser promulgado en medio del fuerte rechazo de numerosos actores. Manifestaron su apoyo al organismo los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros. Sin embargo, otros consideran que el Gobierno acelerará la reforma y la incluirá en un decreto general que contemple modificaciones a otros organismos del Estado. Por el momento, lo que se sabe desde las esferas del Gobierno es que “se sigue trabajando” y que “probablemente” los cambios sean dados a conocer la próxima semana.
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