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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/07/2025 10:05
La trama judicial que se inició hace muchos años, después que las desprolijidades del gobierno kirchnerista que ingresó en malón a YPF, ha empezado a transcurrir los últimos y más importantes casilleros. Y, para entender, cada uno que se consume significa miles de millones de dólares. La impronta estatizadora del segundo gobierno de Cristina Kirchner y sus laderos energéticos Julio Miguel De Vido y Axel Kicillof tuvo su momento de éxtasis cuando en abril de 2012 se estatizaron las suficientes acciones de Repsol que permitieron tener al Estado el 51% del paquete accionario de la petrolera YPF. De ahí en más, todo fue un peregrinaje judicial para pagar los errores y horrores que cometieron los amantes del Estado presente. El proceso tramita por instancias determinantes ya no solo para el juicio sino, y sobre todo, para el futuro de YPF. Para entender el asunto es necesario recordar que lo que sucedió es la intención de una jueza, Loretta Preska, de ejecutar la sentencia. No es un embargo ni una garantía sino que se trata de una orden que le dio desde Estados Unidos al gobierno del presidente Javier Milei para que entregue las acciones de YPF como parte de pago. Otra cuestión que vale la pena mencionar es que el derecho anglosajón le entrega al juez de primera instancia la posibilidad de ejecutar la sentencia. Claro que si su decisión es recurrida por el demandado, pues será el tribunal superior el que decida si ese recurso se entrega con efecto suspensivo o no. En el caso que se tramita en Nueva York la Argentina ya expresó que apeló la decisión de fondo pero ese trámite, de acuerdo a la decisión que tomaron los jueces, no inhibe a Preska de seguir adelante con los trámites. Ahora, ese mismo tribunal tendrá otro recurso que resolver y entonces, se vuelve a abrir la oportunidad para que la defensa de la Argentina vuelta a peticionar la suspensión. Como se dijo, la magistrada, continuadora de aquel asiento que ocupó durante años Thomas Griesa, le exigió a la Argentina que entregue las acciones de YPF que, esto no se discute, son del Estado. Pero, en el supuesto caso que el Presidente quisiera cumplir con la petición pues no podría. Sucede que el Congreso, que aprobó una ley para la expropiación incluyó una cláusula mediante la que le prohíbe al Poder Ejecutivo la disposición de esas acciones. Preska dio un paso más que, quizá, esconde una debilidad en su argumentación. Estableció que las acciones se transfieran a un banco de Estados Unidos y que en esa entidad se realizaría el cambio de titularidad. En ese caso, había que ver qué cotización tiene cada acción como para establecer qué valor es el que se cancela del total de la deuda. Ese requisito es de cumplimiento imposible en la Argentina, al menos para el Poder Ejecutivo. Por caso, si la Caja de Valores, lugar físico donde se depositan las acciones, lo quisiera hacer, pues el mandate del Estado le debiera dar la orden. Milei no puede porque el Congreso legisló esa prohibición en épocas de cotillón estatista. Preska lejos está de ignorar esta imposibilidad. Fue entonces cuando escribió que la solución es cambiar la ley o en su caso, sentarse a negociar. Negociar es lo que quiere el fondo Burford que ya ha encomendado el trabajo a dos conocedores de los interlocutores argentinos y que hace unas semanas pasaron por Buenos Aires a mirar el paño de la mesa. Se fueron, y no pudieron ni siquiera divisar la mesa. Ahora bien, cómo fue ese camino que terminó en una condena por US$16.100 millones (que más los intereses llega a unos US$17.000 millones). Lo primero que hay que recordar que todo este proceso es producto de la ruinosa manera en que Cristina Kirchner y sus brazos ejecutores Axel Kicillof y en menor medida, Julio De Vido realizaron el proceso de estatización. Hubo, entonces, decenas de advertencias respecto de la forma. Kicillof jamás atendió esas explicaciones que le entregaban respecto de manera de hacer las coas, sobre todo en una empresa que cotiza en Estados Unidos. "Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, cuestionaba Kicillof en 2012. Años después, las explicaciones del ahora gobernador bonaerense no alcanzan para tapar semejante desatino. Pero, de regreso a 2012, cuando suceden los hechos, hay que volver a recordar que la familia Eskenazi era la accionista original de Petersen Energía Inversora SAU y Petersen Energía SAU, dos empresas españolas a través de las cuales ingresaron a YPF. Estas compañías eran las dueñas de las acciones de la petrolera, así como también de la deuda que el grupo tomó para comprarlas. Cuando YPF dejó de pagar dividendos post expropiación, la familia Petersen no pagó más su deuda y lo que vino fue el concurso en España. En ese proceso se nombró un síndico que manejó la quiebra y controló el proceso. Fue el síndico el que encontró que el único activo, además de las acciones de YPF que tenía la compañía y que nunca fueron expropiadas, era la posibilidad de un juicio en Nueva York contra el Estado argentino por no haber acatado los estatutos de YPF ante el cambio de control que se dio en la sociedad cuando se nacionalizó. Respecto de las acciones, se vendieron para pagar parte de la deuda. En el caso YPF, Burford llegó a un acuerdo comercial para financiar el litigio a través de una subasta pública organizada por el Juzgado Mercantil 3 de Madrid en 2015. Burford ofertó 15 millones de euros, a lo que se le debe sumar el 30% del monto final que se pague en el marco del proceso. Acá viene una de las respuestas a las preguntas que siempre flota el juicio. ¿Podrán los Eskenazi recibir algo de dinero de esta millonaria paga que debería hacer el país cuando la sentencia esté firme? En principio, ese 30%, que en caso de que se confirme el monto actual sería US$5100 millones, se destinaría para pagar a los acreedores de la quiebra. Y si hubiere algún sobrante, pues entonces sí iría a los accionistas de las sociedades españolas. Es decir, a la familia Eskenazi. En los procesos de quiebra, el síndico tiene que cancelar a los acreedores que han homologado sus créditos en el proceso. Según datos que surgen del expediente, el monto actual de la deuda de las empresas Petersen, en aquel proceso español, llegaría alrededor de US$5000 millones, una cifra a la que se llega de calcular la deuda impaga desde 2012 más los intereses compuestos del 10% anual por 13 años. En el fondo Burford hacían cuentas durante este tiempo. Un par de emisarios intentaron abrir una línea de negociación con el Gobierno, ya que, según sus datos, cada día que pasa se acumulan más de US$2 millones en intereses. A diferencia del sistema legal de la Argentina, en la justicia americana es muy común poder resolver disputas con acuerdos privados. Actualmente, el proceso transcurre por varios carriles. Por un lado, la jueza Preska resolvió sobre la entrega de acciones de YPF a los demandantes como parte de pago. A su vez, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito debe resolver una apelación presentada por la Argentina en el caso de expropiación de YPF. Una aclaración, la parte o partes que pierdan la apelación tienen derecho a presentar un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Mientras tanto, en paralelo, se mantiene el juicio de discovery, donde se recolecta evidencia para ver si declara o no a ciertas compañías del Estado, YPF entre ellas, como alter ego del Gobierno de la Argentina y así poder hacerse de sus activos. (Fuente: La Nación)
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