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CABA » Plazademayo
Fecha: 17/06/2025 11:19
En una medida de altísima gravedad institucional, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, aprobó modificaciones al Estatuto de la Policía Federal que autorizan requisas personales y de vehículos sin necesidad de orden judicial, justo en la semana en que se realizará una masiva movilización en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya detención fue confirmada recientemente. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 383/2025, y permite que fuerzas federales puedan actuar bajo supuestos criterios de “prevención”, lo que abre la puerta a prácticas de control y persecución en contextos de protesta social, según alertan diversos organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal. Requisas sin orden y detenciones por “identificación” La normativa establece que, sin orden judicial, la Policía podrá realizar requisas a personas y revisar efectos personales y vehículos “cuando existan circunstancias objetivas que permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, o bien “cuando no sea posible esperar una orden judicial por peligro cierto de pérdida de pruebas”. Además, la modificación autoriza la detención por hasta diez días de personas que no se identifiquen, bajo el argumento de comprobar su identidad, una medida considerada desproporcionada y regresiva por diversos sectores del ámbito jurídico. Coincidencia alarmante: represión legalizada en la semana de la marcha La resolución se conoce a solo días de la convocatoria a una movilización nacional en apoyo a Cristina Kirchner, en respuesta a la ratificación de su condena e inhabilitación por parte de la Corte Suprema. La coincidencia temporal no parece casual y genera fuertes sospechas sobre la intencionalidad política de la medida. Desde distintos espacios opositores se denunció que se trata de un intento de disciplinamiento social, con un claro mensaje disuasorio hacia la protesta. “Es una amenaza velada a la ciudadanía organizada, que pone en riesgo las garantías constitucionales básicas como el derecho a la manifestación y a la libre expresión”, expresó un comunicado del bloque de legisladores de Unión por la Patria. Organismos de derechos humanos en alerta Diversas organizaciones, como el CELS y Amnistía Internacional, ya habían advertido sobre el giro autoritario que representa la doctrina de seguridad impulsada por Bullrich, que incluye el protocolo antipiquetes, la criminalización de la protesta y la habilitación de uso de la fuerza letal en determinadas circunstancias. Ahora, la posibilidad de hacer requisas sin orden judicial profundiza esa línea de acción, en un contexto de creciente conflictividad social, crisis económica y avance judicial sobre líderes opositores. Un precedente peligroso La medida no solo contraviene principios constitucionales de libertad personal y debido proceso, sino que sienta un precedente peligroso para futuras movilizaciones y protestas. En democracia, el uso de las fuerzas de seguridad debe estar claramente delimitado por la legalidad y el respeto a los derechos humanos. La utilización de herramientas de control excepcionales en un contexto político y judicial tan sensible como el que rodea la situación de Cristina Kirchner genera un clima de intimidación generalizada que pone en riesgo el ejercicio de las libertades públicas. El avance sobre el derecho a manifestarse y la activación de mecanismos de represión preventiva no puede naturalizarse ni interpretarse como una simple medida administrativa. Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional que merece el más amplio repudio y revisión urgente en el ámbito parlamentario y judicial.
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