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Parana » ER 24
Fecha: 16/06/2025 01:05
De la extorsión a la impunidad, y del encubrimiento al crimen: el expediente que desnuda el colapso del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos ACTAMAYERSENTENCIA Judiciales Provinciales De la extorsión a la impunidad, y del encubrimiento al crimen: el expediente que desnuda el colapso del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos Jun 15, 2025 0 El caso del homicidio del estilista José Ricardo Cejas en Santa Fe destapó una historia escalofriante: el acusado, Ignacio Sebastián Ramos, “el trapito” de Paraná que fue detenido más de 50 veces en Entre Ríos, extorsionó a empresarios, amenazó a una presidenta del Superior Tribunal y aun así nunca fue privado de su libertad. La Procuración General, dirigida por Jorge García, lo dejó caminar libre. Hoy enfrenta una posible condena a perpetua por un asesinato brutal. Una justicia que castiga al denunciante y libera al extorsionador El 27 de abril de 2025, José Ricardo Cejas fue hallado sin vida en su domicilio de Santa Fe. Presentaba 58 puñaladas. Días más tarde, fue detenido Ignacio Sebastián Ramos, domiciliado en Paraná, con antecedentes que helan la sangre: más de 54 aprehensiones previas en la provincia de Entre Ríos, una condena por extorsión en suspenso y un historial de amenazas a empresarios, profesionales y hasta una jueza de la Corte provincial. En el año 2017, Ramos fue juzgado en un abreviado escandaloso por haber extorsionado –entre otros– a la entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo. La maniobra consistía en seducir, grabar y chantajear a hombres en situación de vulnerabilidad emocional o sexual, para luego pedir dinero a cambio de no difundir esos vínculos. La causa incluyó testimonios de extrema gravedad y la participación de al menos dos cómplices. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no pidió prisión efectiva. El juez interviniente homologó el acuerdo y Ramos quedó libre. ACTAMAYERSENTENCIADescarga La Procuración General, encabezada por Jorge García, nunca solicitó su prisión preventiva. Tampoco activó mecanismos de control posterior. El sistema lo dejó ir. Hoy, ese mismo sujeto está imputado por homicidio criminis causa, con pedido de prisión perpetua en Santa Fe. ¿Quién responde por esta cadena de impunidades? La responsabilidad funcional no es un concepto abstracto. Cuando un individuo es aprehendido más de 50 veces, condenado por extorsión, y aun así logra cambiar de provincia sin ningún tipo de seguimiento judicial, el problema no es la falta de leyes: es la falta de decisión institucional. La Procuración General de Entre Ríos –órgano encargado de ejercer la acción penal pública y orientar la política criminal de la provincia– no emitió ninguna alerta interjurisdiccional, no requirió informes a los juzgados, no inició causas de reincidencia, no promovió su seguimiento por patronato, no pidió revisiones de condena en suspenso, y no advirtió a Santa Fe que estaba frente a un sujeto con peligrosidad social comprobada. La pregunta es inevitable: ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo puede un sistema tan meticuloso con ciudadanos comunes, tan celoso de perseguir hasta el más mínimo incidente, mostrarse tan permisivo y omiso ante un delincuente reincidente que terminó matando? Mientras tanto, a quien denuncia al poder lo quieren preso La vara cambia cuando el objetivo no es un extorsionador, sino un abogado denunciante. Carlos Guillermo Reggiardo, defensor de causas complejas y denunciante de irregularidades en el Poder Judicial entrerriano, fue acusado de “falsa denuncia, uso de documento falso y coacciones agravadas”. ¿La razón? Haber impulsado presentaciones contra fiscales y jueces. En lugar de investigar sus planteos, la fiscalía provincial decidió acusarlo a él. Hoy, enfrenta un pedido de dos años de prisión efectiva. ¿Dónde estaban ese celo y ese ímpetu cuando Ramos extorsionaba a jueces? ¿Dónde estaba la firmeza cuando un extorsionador con decenas de antecedentes chantajeaba a funcionarios judiciales y empresarios? ¿O acaso el Ministerio Público de Entre Ríos reserva su energía procesal solo para disciplinar a quien se anima a cuestionar al sistema? Procuración o protección El caso Ramos no es un accidente judicial. Es la consecuencia de un esquema funcional sin control externo, sin transparencia, sin límites. Un aparato que, lejos de actuar con ecuanimidad, protege a los propios y persigue al disidente. Una Procuración que pelea con el Superior Tribunal por cuotas de poder, pero no articula política criminal para defender a la sociedad. Una estructura que prioriza las internas, los ascensos, los concursos digitados y las amistades políticas por sobre la seguridad ciudadana. Cuando alguien con más de 50 causas y una condena por extorsionar a una jueza de Corte termina siendo el autor de un homicidio, no hablamos de error judicial. Hablamos de encubrimiento funcional. Hablamos de un sistema que eligió no hacer nada. Y cuando ese mismo sistema pide cárcel para un abogado denunciante, la gravedad se vuelve intolerable. El daño está hecho. La Justicia, también. La víctima se llama José Ricardo Cejas. Pero también es víctima la sociedad entrerriana, que ve con impotencia cómo se libera a delincuentes probados mientras se condena a quienes exigen justicia. Y la pregunta final no es si Ramos debió estar preso. La pregunta es: ¿quiénes lo protegieron, por qué, y hasta cuándo?
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