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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 15/06/2025 08:24
La creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia cuenta con la media sanción de Diputados. Anula la función de control de la legislatura entrerriana y habilita la venta de propiedades públicas. Domingo, 15 de Junio de 2025, 6:31 Redacción EL ARGENTINO Lejos de reducir el gasto político de su gestión, como suele esbozar el gobernador Rogelio Frigerio como mérito, la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia (Aabiper), es, en la práctica, la puesta en funcionamiento de un nuevo ministerio. Habilitado a crear una nueva estructura orgánica, con servicios propios de contaduría, tesorería, servicios generales, con nuevas designaciones de cargos políticos, técnicos, designaciones de personal de planta, cobertura de cargos vacantes, contrataciones, inversiones, toma de créditos, etcétera. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto está siendo discutido en el Senado. Se trata de una institución que podrá vender los bienes de los entrerrianos, concretar contratos civiles o comerciales, subastar, ceder y otorgar en uso propiedades del Estado, sin ningún tipo de control, ya que se anula la intervención de la Legislatura Provincial, en contrario a lo dispuesto por los Artículos 80 y 81 de la Constitución de Entre Ríos. Donde se establece que “toda enajenación o cesión gratuita de bienes fiscales requiere una ley especial, aprobada por dos tercios de los legisladores presentes”. Fue la diputada nacional y ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, la que puso en evidencia el mega negocio que existe detrás de este proyecto de ley, así como la “escandalosa entregas de bienes del Estado durante el Gobierno de Macri, con Frigerio desempeñándose como ministro y suscribiendo en ese tiempo las Decisiones Administrativas de adjudicación”. A través de un documento, en el que se detalla de forma exhaustiva cada artículo del proyecto de ley, Osuna apuntó a las atribuciones de la nueva Agencia, como la de otorgar gratuitamente propiedades públicas a privados. En esta línea, la legisladora se preguntó: “¿Cuál es el destino de humedales, tierras del Delta y Puertos? ¿Por qué derogar los Artículos 2 y 3 de la Ley 10.100 “Revisión Dominial de tierras en el Delta Entrerriano” tal como dice el Artículo 21 del proyecto de ley de Frigerio?” “Los artículos que pretende derogar el proyecto de ley indica justamente que se encomienda el impulso de acciones penales y civiles contra ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial”, alertó Osuna. Y, retóricamente, volvió a preguntarse: “¿La creación de la Agencia/Ministerio responde a alguna necesidad, de las muchas que hoy tiene Entre Ríos, en materia de Obras Públicas, Educación, Salud, Infraestructura y Desarrollo Productivo? ¿O será que implica un gran negocio, sobre el que tiene especial interés y profusos antecedentes quien gobierna Entre Ríos?”. Las declaraciones juradas de Frigerio El análisis de las declaraciones juradas del Gobernador de Entre Ríos puede resultar clarificador para entender qué hay detrás del proyecto que en este momento es analizado por la Cámara de Senadores de Entre Ríos. En la declaración jurada anual presentada por Frigerio en 2017 ante la Oficina Anticorrupción (OA), cuando era ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, surgen datos reveladores que evidencian su rol en varios negocios inmobiliarios. En ese documento, al que accedió EL ARGENTINO, figuran las empresas Nogales de Entre Ríos S. A. (Viamonte 448 Piso 7 CABA), en sociedad con Anguiano y otros para la ejecución de desarrollos inmobiliarios, y Desarrollos Inmobiliarios Alto Delta S.A (Lavalle 482 Piso 4 CABA). Casualmente, ambas explotan inversiones en el delta entrerriano para compradores de alto poder adquisitivo. En esta línea, Blanca Osuna recordó que, desde 2014, “Frigerio mantuvo inversiones que lo vincularon a la Sociedad Arcos 2646 SA controlada por Gustavo Esses y Ariel Eduardo Maistat. Aún revestía carácter de acreedor con la mencionada empresa, por haberles adquirido un departamento con cochera, cuando en su condición de ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda suscribió la Decisión Administrativa 430/17 del 23 junio de 2017 por la cual, previa subasta, adjudicó a la empresa Koolhaas SA de los antes mencionados Gustavo Esses y Ariel Eduardo Maistat el inmueble de Fitz Roy 851 de 5.092 m2 de superficie y un valor de U$ 13.600.000. Y pocos días después, en julio de 2017, completó el negocio inmobiliario realizando una inversión (a valores de esa fecha) de $3.298.000 a la empresa Koolhaas SA de los nombrados Esses y Maistat para la compra de dos departamentos en boca de pozo en calle Fitz Roy 851, hoy edificio Mirabilia”. Si bien, lamentablemente, este tipo de maniobras no son una rareza en la política argentina, pegan de lleno en el discurso de “la nueva política” y de “transparencia” embanderado por el Gobernador. “Frigerio era el responsable de firmar la adjudicación de la subasta como funcionario público y después, como ‘privado’, compraba inmuebles para una ‘inversión personal’. Todos estos desenfadados movimientos dieron lugar a una denuncia realizada por la Oficina Anticorrupción contra el actual gobernador Frigerio, a la sazón ministro de Mauricio Macri, donde se lo acusó por ‘negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, admisión de dádivas y cohecho’, entre otras figuras penales. Si bien las pruebas eran contundentes, el sobreseimiento de la justicia de ‘Comodoro Pro’ no se hizo esperar y vio la luz con la firma del juez ‘Lago Escondido’ Ercolini. A ello se sumó la deficiente defensa de los intereses del Estado, cuyos responsables no apelaron en tiempo la amañada decisión”, cuestionó la diputada opositora. En contrario a todo esto, en la declaración jurada presentada al inicio de su gestión como gobernador no aparecen todas estas sociedades y buena parte de su patrimonio parece haber desaparecido por arte de magia. En ese documento, su “Participación en sociedades de capital” se reduce a $ 2.367.647,50; su “Participación en otras sociedades” apenas a $ 4.222.578,11. Mientras que, por ejemplo, los “Depósitos en moneda extranjera” son sólo de $ 777,41 y el total de los inmuebles a su nombre es de $ 41.572.221,12. La escandalosa entrega de bienes públicos Así como la intervención del Iosper y su posterior eliminación tienen antecedentes muy cuestionables en otros lugares del país, Frigerio, durante la presidencia de Mauricio Macri, ya fue parte de una cuestionada experiencia que evidenció la entrega de bienes públicos. Tras el paso del macrismo por el Gobierno Nacional, la Auditoría General de la Nación evaluó la gestión desarrollada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a ventas, alquileres y traspasos realizados en el período 2016-2019. En dicha Auditoría, con voto unánime, es decir oficialistas y opositores, fue aprobado demoledor informe sobre las escandalosas entregas de bienes del Estado durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, con Frigerio desempeñándose como ministro y suscribiendo en ese tiempo las Decisiones Administrativas de adjudicación. Según dicho Informe, se vendieron a particulares propiedades por un valor de U$842.000.000, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones y en supuestas subastas ficticias o armadas para favorecer determinadas empresas. El 70% fueron en Ciudad de Buenos Aires y en general “no cumplieron criterios de eficacia y equidad e incumplieron los requisitos establecidos”, según expresa el documento. Uno de los aspectos que llamó la atención de los auditores fue que de las 12 empresas adjudicatarias en las distintas subastas realizadas durante el período investigado, ocho fueron constituidas entre los años 2016 y 2018, es decir, en coincidencia temporal con el período en cuestión. Koolhaas S.A., de Esses y Maistat, fue constituida el 21 de febrero de 2017, y estaba sin inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) al momento de su participación en la subasta del 30 de marzo de 2017, en la que obtuvo el predio de calle Fitz Roy 851. “Estos antecedentes y acciones concurrentes pueden contribuir a entender hacia dónde se orienta el verdadero interés y el motivo principal del proyecto de creación del ministerio/agencia inmobiliaria de Entre Ríos”, expresó Osuna, al respecto. “Los bienes inmuebles propiedad o dominio del estado provincial, por ser limitados, tienen gran valor y el sentido de su administración debe priorizar y estar en función de necesidades que el gobierno está obligado a atender. El proyecto de ley de creación de este nuevo ministerio/agencia inmobiliaria no está en sintonía con esa crucial finalidad. Por estas razones es conveniente que esta iniciativa de Frigerio sea rechazada o modificada. El Gobernador Frigerio debe abocarse a resolver los acuciantes problemas que hoy tiene Entre Ríos en materia de Educación, Salud, Obras Viales y Obra Pública en general, y bajos ingresos de empleados públicos y jubilados, por nombrar sólo algunos”, cerró la diputada nacional. Será la Cámara de Senadores, donde la oposición quedó debilitada luego de la votación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), cuando dos senadoras peronistas se alinearon con el oficialismo, la que avance con el proyecto como llegó desde Diputados, lo rechace o genere modificaciones al mismo. Por como se viene dando la discusión, esta tercera es la opción más probable, lo que implicaría que, una vez más, la Cámara Baja discuta las condiciones y los límites que pondrá (o no) al Ejecutivo para disponer de los bienes de todos los entrerrianos.
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