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CABA » Plazademayo
Fecha: 13/06/2025 13:04
El presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, anunció que entrará en licencia a partir de este lunes y por el plazo de una semana. La decisión genera fuertes suspicacias, ya que Gorini tenía a su cargo resolver sobre el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Su lugar será ocupado temporalmente por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, conocido por sus vínculos con el macrismo y por haber compartido encuentros informales con Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos, incluso mientras se tramitaban causas clave contra la expresidenta. El relevo reaviva las denuncias de lawfare y pone en foco la supuesta falta de imparcialidad en el Poder Judicial. En un nuevo capítulo que alimenta las denuncias sobre el lawfare en Argentina, el juez que debía resolver la situación de detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió sorpresivamente una licencia, y su reemplazo inmediato no pasó desapercibido: se trata de un magistrado que ha sido fotografiado en reiteradas ocasiones jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, junto a otros jueces y fiscales que participaron en causas clave contra la exmandataria. El reemplazo, que algunos califican como “casualidad” y otros como “una jugada cantada”, profundiza las sospechas sobre la connivencia entre sectores del Poder Judicial, dirigentes políticos de la oposición y medios de comunicación afines. Para muchos, no se trata de un hecho aislado sino de una práctica sistemática: la conformación de una maquinaria judicial que actúa con fines políticos. La trama detrás de la licencia Fuentes judiciales confirmaron que el juez titular pidió licencia “por motivos personales”, sin dar mayores precisiones. Lo que llama la atención es el momento: justo cuando debía definir una resolución clave en la situación judicial de Cristina Fernández. Su apartamiento dejó vacante un lugar que fue rápidamente ocupado por un colega cercano al macrismo. Este nuevo juez no solo tiene vínculos conocidos con el expresidente Mauricio Macri, sino que ha compartido actividades informales con varios funcionarios judiciales que intervinieron en causas contra la exmandataria, incluida la causa Vialidad, que terminó en una condena de primera instancia. ¿Fútbol o estrategia? La imagen de jueces, fiscales y funcionarios jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, es más que simbólica. El encuentro, que alguna vez podría haberse interpretado como un gesto de camaradería institucional, ahora alimenta la sospecha de una red de influencias que pone en jaque la imparcialidad judicial. Organizaciones de derechos humanos, juristas independientes y legisladores del oficialismo no tardaron en alzar la voz. Denuncian una “mafia judicial” que actúa como un brazo ejecutor de intereses políticos, con el aval —o la pasividad— de otros poderes del Estado. El silencio como respuesta Hasta el momento, ni el Consejo de la Magistratura ni la Corte Suprema se han pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho el propio Mauricio Macri, que evita referirse públicamente a sus vínculos con jueces y fiscales. Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner, que ha denunciado en múltiples oportunidades ser víctima de una persecución judicial, suma un nuevo argumento para su defensa: los hilos del poder siguen atados fuera de los tribunales, pero deciden adentro.
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