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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 13/06/2025 10:36
El Colegio de Abogados de Entre Ríos repudió declaraciones del ministro, que los acusó sin pruebas de facilitar teléfonos a internos. Pidieron su retractación pública. Viernes, 13 de Junio de 2025, 10:08 Redacción EL ARGENTINO Un fuerte rechazo generaron en el ámbito jurídico las recientes declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien acusó a abogados penalistas de facilitar el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. La respuesta no se hizo esperar: el Colegio de la Abogacía provincial calificó los dichos de “temerarios” y exigió una retractación pública. Durante una conferencia de prensa, Roncaglia insinuó que abogados serían responsables del ingreso de celulares a las unidades penitenciarias, sin presentar pruebas concretas que avalaran su acusación. Las palabras del funcionario fueron interpretadas por la comunidad legal como un ataque directo a la integridad profesional del colectivo de abogados y abogadas que trabajan en el fuero penal. El delegado del Instituto de Derecho Penal del Colegio, Dr. Patricio Cozzi, salió al cruce: “El ministro formuló declaraciones sin ningún tipo de sustento, donde acusa a los abogados de involucrarse en hechos ilícitos. Es una imputación gravísima que daña nuestra imagen pública y ética profesional”. Cozzi cuestionó que el funcionario haya utilizado los medios para lanzar sospechas infundadas, sin individualizar ni denunciar ningún hecho puntual ante la Justicia. Además, Cozzi explicó que el ingreso de abogados a las unidades penales está estrictamente regulado: deben identificarse con su carnet de matrícula, firmar un libro de control y someterse a los registros correspondientes. “Si existiera alguna sospecha concreta, pueden establecer controles adicionales. Los mecanismos están”, aseguró. Desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio se difundió un comunicado en el que se expresó “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante las afirmaciones del ministro. Allí, remarcaron que “resultan infundadas y temerarias” y que afectan “el ejercicio digno y ético de la abogacía”. También recordaron que Roncaglia, en su carácter de funcionario público, tiene la obligación de presentar denuncias formales si tiene conocimiento de delitos, en lugar de realizar declaraciones generalizadas por los medios que “comprometen principios elementales del Estado de Derecho”. El Colegio insistió en que el acceso de los abogados a sus defendidos es una garantía constitucional “que no puede ser limitada ni puesta en duda” sin sustento legal. Cualquier conducta ilegal, remarcaron, debe ser denunciada e investigada judicialmente, no sugerida en conferencias de prensa. Por último, exigieron al ministro una retractación con el mismo alcance que tuvo su acusación. “Solicitamos al Sr. Ministro que reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo”, concluye el comunicado. El cruce evidencia una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial en Entre Ríos, y abre un nuevo capítulo en la disputa por el manejo de las políticas penitenciarias y la protección de garantías constitucionales.
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