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Parana » APF
Fecha: 12/06/2025 12:30
Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), se repudió que el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, “manifestó que profesionales del derecho, (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”. Se consideró a las declaraciones sin sustento fáctico, prueba alguna, infundadas y temerarias, y un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. jueves 12 de junio de 2025 | 12:15hs. En un comunicado institucional “en defensa del ejercicio de la abogacía”, el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), expresó “su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las declaraciones públicas realizadas por el Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, quien ha afirmado que profesionales del derecho (en el marco de visitas a establecimientos penitenciarios) estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad”. Desde el Instituto se consideró que “tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias, y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía. Afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal”. Deber legal Entre los señalamientos que se formularon se le recordó al ministro que “en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho”. También se sentó que “el acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento. Cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes”. Finalmente se solicitó “al Ministro que, con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales”. (APFDigital)
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