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  • Tras el fallo de la Corte, el fiscal Luciani exigirá la restitución de 85 mil millones de pesos

    » Comercio y Justicia

    Fecha: 11/06/2025 20:11

    Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, el Ministerio Público Fiscal se prepara para avanzar en la recuperación de los fondos públicos desviados. El fiscal federal Diego Luciani presentará en los próximos días un requerimiento formal para que los condenados en la causa devuelvan voluntariamente el dinero, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la restitución. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de sus patrimonios. Entre los principales implicados se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez. El monto que se busca recuperar asciende a aproximadamente 85 mil millones de pesos, una suma que la justicia atribuye al accionar de una asociación ilícita encabezada por Báez, con una parte sustancial directamente imputada a Fernández de Kirchner. Consecuencias en caso de no cumplir con la restitución Si los condenados no restituyen los fondos en el plazo establecido, la justicia avanzará con el embargo y la eventual liquidación de sus bienes. En el caso de Cristina Kirchner, esto podría incluir no solo sus propiedades, sino también aquellas transferidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Entre los activos que podrían ser rematados se encuentran: 27 propiedades inmuebles. Cinco cocheras en el edificio Madero Center. Las empresas familiares Hotesur y Los Sauces, propietarias de hoteles y otros bienes. 4,6 millones de dólares secuestrados a nombre de Florencia Kirchner, actualmente bajo custodia judicial. Un millón de dólares depositado en una cuenta bancaria también a nombre de Florencia Kirchner. Por su parte, Lázaro Báez enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades, principalmente ubicadas en la región patagónica. Con estas medidas, el Ministerio Público Fiscal busca avanzar en la reparación del daño económico causado al Estado y garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por la justicia.

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