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» El Ciudadano
Fecha: 10/06/2025 22:25
Los basurales a cielo abierto implican, sin dudas, un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en Argentina. En 2017, en el “Informe del Estado del Ambiente”, la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio y este es el último número oficial al respecto. Esto significa que, en promedio, podrían existir más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. Además, de una correcta gestión integral de residuos sólidos urbanos, que son los residuos domiciliarios generados en las ciudades, la erradicación de estos depósitos de basura fuera de reglamento, requiere de gestión, controles, concientización y penalización para las industrias que no traten sus residuos peligrosos, no peligrosos y patogénicos. Al año las industrias argentinas generan más de 11 millones de toneladas de estos residuos. Según la ley nacional 24.051, los residuos peligrosos contaminan el ambiente y el Estado debe controlarlos. Sin embargo, el informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario, a través del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, arrojó que en el último año solo el 9,22% de las industrias trataron sus residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. Con datos del sector aportados por CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental), el informe se actualiza de forma bimestral, desde el 2022, y confirma cada año un contexto alarmante. Los basurales a cielo abierto son un foco de contaminación debido a la falta de suelo impermeabilizado. Esto permite que se produzcan dos tipos de contaminantes: líquido lixiviado que se genera cuando el agua se filtra a través de los residuos en descomposición y el biogás que es una mezcla de metano y dióxido de carbono producida por la descomposición de los residuos. El metano es altamente inflamable y contribuye al agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático. “Es fundamental tomar medidas para mitigar estos riesgos y proteger el ambiente y la salud de las personas. El destino que tiene que tener este tipo de residuos es una planta de tratamiento, habilitada. De esos residuos a tratar, se recuperan los materiales que son aptos para nuevos usos y el resto se dispone de manera correcta y emitiendo el certificado de disposición correspondiente según el marco legal”, explicó Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES, organización sin fines de lucro que junto a CAITPA trabaja para transparentar los números del sector. Asimismo, las cámaras en alianza con la UNR y la UBA trabajan, desde 2022, para la confección del índice de generación y tratamiento, “lo que nos permite dimensionar el problema que tenemos hoy de contaminación por la disposición inadecuada e ilegal de los residuos”, agrega Kakinec. Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, aseguró: “Es fundamental para nosotros sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio”.
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