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Parana » APF
Fecha: 09/06/2025 13:30
En la reanudación de la audiencia de remisión a juicio de la causa conocida como Contratos Truchos o Contratos en la Legislatura, la jueza desestimó todos los planteos de exclusión de evidencia digital, del listado de llamadas de los imputados y los cuestionamientos a las incumbencias de los peritos de Fiscalía. Sostuvo que Fiscalía no trasgredió ninguna norma y actuó con autorización judicial. Pasó a un cuarto intermedio para dar respuesta a los pedidos de nulidad de la acusación por imprecisa. lunes 09 de junio de 2025 | 12:56hs. La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelta, en la reanudación de la audiencia de remisión a juicio de la causa conocida como Contratos Truchos o Contratos en la Legislatura, rechazó todos los planteos de exclusión que realizaron las defensas de los 18 imputados que quedaron en proceso tras la desvinculación de 14 que fueron beneficiados con la concesión de la Suspensión del juicio a prueba o Probation, en 12 casos; con el juicio abreviado en uno; y con el sobreseimiento por el retiro de los cargos por parte de Fiscalía. La audiencia retomará la semana que viene, se presume que podría ser el martes 17, cuando la jueza responderá a los planteos de nulidad de la formulación de los hechos por no haber sido formulada de manera clara, precisa y circunstanciada. Barbagelata dictó un cuarto intermedio para analizar los numerosos planteos de las defensas en virtud de la cantidad de imputados y el tenor de los mismos, por lo que entendió que le va llevar un tiempo. En este sentido, solicitó, para poder evaluar mejor los argumentos de las defensas, sostuvo que necesita contar con las última declaración de los 18 imputados que quedan vinculados al proceso, de los que señaló que Fiscalía, en el requerimiento realizó “diez versiones distintas” de imputaciones y quiere tenerlos individualizados uno por uno para valorar lo que fue impugnado. Este lunes, la jueza comenzó desestimando el planteo que realizó Fiscalía de preclusión de la etapa para efectuar los pedidos de exclusión y nulidad de la evidencia de cargo y luego se abocó a responder cada uno de los planteos defensivos. Así, desestimó los planteos de exclusión de testigos, de contratados y de los informes que realizaron peritos de Fiscalía, porque, sostuvo, no se vulneró ninguna norma y fue obtenida legalmente. El mismo temperamento adoptó respecto de la evidencia digital que se colectó en los numerosos allanamientos que se realizaron entre septiembre y octubre de 2018 en las viviendas de algunos imputados, en el estudio contable Integral Asesoría y en firmas vinculadas a los acusados. En estos planteos, también convalidó el accionar de los fiscales y puso en perspectiva la inobservancia de algunos protocolos de recolección y preservación de la evidencia digital, que supeditó a la necesidad de Fiscalía de avanzar en la investigación, puesto que es una facultad que le asiste. Entendió que el espacio para discutir su validez probatoria es el juicio, puesto que en esta etapa solo se aborda la legitimidad de su obtención. La jueza desestimó también los planteos de exclusión de tres testimonios de contratados que entregaron sus celulares “voluntariamente” a los fiscales y de los que se obtuvo evidencia. Entendió que la entrega “voluntaria” no requería de autorización judicial. El mismo argumento enarboló al planteo de exclusión de la evidencia obtenida de las redes sociales de algunos imputados, señalando que sus perfiles eran públicos. Respecto a los numerosos allanamientos, sostuvo que todos fueron autorizados judicialmente y se precisó detalladamente el objetivo de los mismo, contraviniendo los planteos defensivos sobre una fundamentación “genérica, indeterminada y sin fundamentos” sostenidos por las defensas. Barbagelata cuestionó que las defensas realizaron, en algunos casos, planteos “desanclados” del “contexto” que le dio fundamentación a los pedidos de los fiscales. En este sentido, desestimó el que instó la exclusión de la evidencia obtenida en los allanamientos a la casa y oficina de Alfredo Bilbao puesto que su nombre apareció en la lista de personas que tenían contrato en el Senado de la Nación, vinculación con el estudio contable Integral Asesoría y en los cuadernos con anotaciones sobre contratos que se secuestraron en la casa de otros coimputados con importantes roles, según Fiscalía, como Flavia Beckman y Hugo Mena. Barbagelata también sostuvo como válida y legítima la actuación de los peritos informáticos de Fiscalía que realizaron trabajos de recolección y extracción de evidencia digital solicitado por los fiscales con autorización judicial. Las defensas cuestionaron que no contaban con la inscripción en el Colegio correspondiente, pero la jueza señaló que la Ley que se citó para comprenderlos no existía, puesto que fue sancionada en 2021, tres años después del comienzo de la investigación. (APFDigital)
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