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» Sin Mordaza
Fecha: 08/06/2025 14:41
El juez penal de Rafaela, Juan Gabriel Peralta, resolvió elevar a juicio oral una causa que investiga una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, quien gobernó entre 2003 y 2019. También irán a juicio sus exsecretarios de Hacienda, Betiana Godoy y Lucas Sebastián Cañete. La decisión judicial fue firmada el pasado 20 de mayo, tras las audiencias preliminares celebradas en septiembre y octubre del año pasado. En esas instancias, las defensas solicitaron la suspensión del juicio a prueba —ofreciendo donaciones y compensaciones económicas— y plantearon la prescripción de algunos hechos, pero tanto la fiscalía como la querella se opusieron, considerando la gravedad de los cargos. El juez coincidió con ese criterio y desestimó ambos pedidos. Una causa por múltiples delitos La acusación, impulsada por el fiscal Guillermo Loyola (del MPA Rafaela) y el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, en representación del actual gobierno municipal, incluye una larga lista de presuntos delitos: malversación agravada, incumplimiento de deberes, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales. Entre los hechos más relevantes que se investigan, figuran: Desvío de fondos provinciales : Subsidios como el Fondo Federal Solidario y el Financiamiento Educativo habrían sido utilizados irregularmente o sin rendición, lo que generó cargos del Tribunal de Cuentas. Aportes sindicales retenidos : Se retuvieron fondos de aportes laborales a distintos gremios municipales sin ser transferidos, generando deudas millonarias. Ocultamiento de deudas en el traspaso de gestión : Al finalizar el mandato de Busquets en diciembre de 2019, se habrían omitido pasivos significativos en los informes oficiales. Contrataciones irregulares : Se habrían fraccionado obras públicas para eludir licitaciones, favoreciendo a empresas vinculadas a funcionarios. Nombramientos sin concurso: Busquets habría designado empleados en planta permanente —incluidos los imputados Godoy y Cañete— sin concursos ni cumplimiento legal. Lo que viene El juez Peralta aceptó la acusación de la fiscalía y la querella, y admitió la totalidad de la prueba presentada, que incluye declaraciones de más de diez testigos clave, entre ellos la actual intendente y denunciante Alejandra Dupouy, funcionarios del Tribunal de Cuentas, representantes gremiales y autoridades bancarias. También se incorporaron documentos contables, presupuestos municipales, registros de pagos y material audiovisual vinculado a las obras adjudicadas. Con esta resolución, la causa —una de las más importantes en la región por presunta corrupción pública— se encamina hacia el juicio oral, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los exfuncionarios.
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