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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/06/2025 04:43
La oposición dio media sanción al aumento de jubilaciones El gobierno nacional buscará resistir con todas las herramientas disponibles un nuevo “embate” del Congreso Nacional, mientras se pone altas expectativas de cara a que la renovación legislativa de diciembre le permita avanzar no solo con reformas estructurales en el plano laboral, previsional y fiscal sino también con otras iniciativas que integran la tan arbitraria como heterogénea agenda de la “batalla cultural”. Milei cuenta con varias herramientas a favor, como la fuerte desaceleración de la inflación -que podría perforar antes de las elecciones el 2% mensual- y la estabilidad cambiaria de la mano de un dólar “barato” que permite que algunos sectores de la sociedad (mayoritariamente medios altos y altos) perciban una cierta recuperación de su poder de compra y capacidad de consumo, pese a que la recuperación económica es todavía lenta y muy dispar según los sectores. Con esos pilares del programa económico convertidos en potentes activos electorales, desde la Casa Rosada están convencidos de que el triunfo en las elecciones intermedias es casi inevitable, incluyendo a la provincia de Buenos Aires y los otros tres distritos electorales más importantes: ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, las altas expectativas cifradas en el resultado electoral podrían redundar en un voluntarismo tan ingenuo como peligroso. No solo porque aún ante una victoria contundente en octubre, ni la más optimista aritmética electoral le permitirá al oficialismo contar con mayorías propias en ambas cámaras legislativas, sino porque pareciera cristalizarse una peligrosa convicción de que la victoria da derechos y que, un triunfo en las urnas sería la habilitación para avanzar a como dé lugar, en los términos y condiciones fijados exclusivamente por la agenda del gobierno. En este marco, resulta difícil pensar que los desafíos que el gobierno enfrenta en la coyuntura actual se disipen mágicamente tras una elección favorable del oficialismo en octubre. Si bien es cierto que el clima electoral, sumado a un oficialismo que -por decisión o impericia- carece de un sistema estable de acuerdos legislativos, y a la volatilidad de una oposición que no logra dejar atrás la fragmentación, parecen ser factores importantes para explicar las “batallas” que por estos días se libran en el Congreso, sería un grave error reducir esa agenda a la “demagogia populista” de la oposición o deslegitimarla como mera obra de la “depravación fiscal”. El Gobierno ya anunció la decisión del presidente de vetar -argumentando su alto costo fiscal- las iniciativas con media sanción de Diputados referidas al aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, si estas prosperaran en la cámara alta, un escenario por estas horas bastante probable. Un veto cuyo blindaje legislativo, por cierto, parece más difícil que en los precedentes anteriores, no solo por el proceso electoral como telón de fondo, y los intereses cruzados que ello genera, sino también por una relación entre Nación y que atraviesa un momento de particular tensión, con los jefes provinciales que, aún ante las grandes diferencias que los separan, consensuaron desde el Consejo Federal de Inversiones un mensaje conjunto por la caída de la coparticipación, el mantenimiento de rutas nacionales y la falta de obras públicas de infraestructura. Una tensión con los gobernadores que acabó trasladándose al recinto de la cámara baja y materializándose en el aporte de legisladores alineados con los mandatarios provinciales – tanto peronistas como provinciales- que si bien hasta la semana pasada jugaban abiertamente para LLA, en esta ocasión aportaron al quórum e incluso -en algunos casos- votaron a favor. Son los casos de los diputados del peronismo cordobés (Llaroyra), de Catamarca (Jalil) y Tucumán (Jaldo), y de expresiones “provinciales” como Santa Cruz (Vidal) o Salta (Sáenz). Este “giro”, junto a la decisión de 9 diputados del PRO muy cercanos a Macri (encabezados por Vidal y Lospennato) de abstenerse al momento de votar el aumento jubilatorio, fueron la clave para la derrota oficialista. Lo cierto es que más allá del veto, y hasta de la discusión vinculada a las razones, la oportunidad, la conveniencia y la sustentabilidad de las iniciativas impulsadas, resulta innegable que hay una larga y diversa lista de reclamos, demandas y urgencias ciudadanas, con diferentes niveles de consenso, intensidad y alcance, que el gobierno no solo parece desatender o relegar en función de otros objetivos considerados más relevantes (el superávit fiscal, por ejemplo), sino incluso deslegitimar per se con argumentos simplificadores e incluso -como se vieron en los últimos días- con intervenciones poco felices, rayanas con la burla y la provocación. Una vez más el Gobierno parece tener dificultades en priorizar y elegir las batallas, evidenciando un exceso de confianza en el acompañamiento de amplias franjas de la sociedad a una pretendida cruzada “anti-casta” que pareciera justificar cualquier avance de una “motosierra” desbocada que no conoce de matices ni permite el más mínimo ejercicio de templanza que posibilite no mezclar -como reza el refrán popular- “peras con manzanas”. De la misma manera que no sorprende que amplias franjas de la sociedad hayan acompañado, sin reparos ni empatía con los afectados, los despidos de miles de empleados públicos en dependencias estatales que eran percibidas -de mínimo- como improductivas o innecesarias, tampoco deberían sorprender las reacciones diferentes de muchos que acompañaron esas medidas cuando se avanza sobre áreas sensibles como los jubilados, el empleo, la educación o la salud. En otras palabras, mezclar una auditoría sobre el régimen de pensiones por discapacidad con la situación de decenas de miles de familias necesitadas de una atención o cuidado especial para un ser querido, o deslegitimar el reclamo de los médicos y residentes de un hospital pediátrico de excelencia como el Garrahan, vinculándolo a una discusión sobre empleados “ñoquis” en las áreas administrativas, convierte la evidente “sobreactuación” en un acto rayano con el desprecio, la manifiesta falta de empatía, y la crueldad. Así las cosas, el “uso y abuso” de la motosierra, más aún cuando se aventura en terrenos alejados de lo estrictamente económico, al adentrarse sin matices ni modulaciones en el ámbito de los derechos, temas, e imaginarios culturalmente muy arraigados en la sociedad argentina, difícilmente pueda generar resultados diferentes según los resultados electorales de octubre.
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