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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 07/06/2025 08:22
Con la instancia de la causa de los contratos truchos legislativos en el tramo final de la elevación a juicio, uno de los imputados fue condenado tras acordar una pena leve en un juicio abreviado. Se trata de Esteban “Bebu” Scialocomo, uno de los que se dedicaba a juntar el dinero cobrado por los falsos contratistas y a llevárselo a los eslabones superiores de la banda. A su vez, era parte del grupo que reclutaba prestanombres para realizar las falsas contrataciones en el aceitado sistema que permitió desviar sumas multimillonarias del Estado provincial a unos pocos bolsillos. La sentencia fue dictada este jueves por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, quien le impuso a Scialocomo la pena de tres años de prisión condicional por el delito de Asociación ilícita y partícipe necesario en el delito de Peculado reiterado (por 11 hechos), así como una multa de 90.000 pesos y normas de conducta a cumplir por de tres años. Entre estas, deberá abonar 6.390.000 como reparación económica y realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público por 96 horas anuales. Es la primera vez que la Justicia confirma que se cometió un hecho de corrupción mediante esta trama delictiva. El juez fundamentó su condena en la solidez de las pruebas reunidas durante la investigación penal preparatoria. La maniobra, ejecutada al menos entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, consistió en la sustracción sistemática de dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, a través de la realización de "contratos de obra" falsos. Los supuestos "contratistas" no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, sus firmas eran a menudo falseadas, y percibían solo una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto en poder de la organización. El rol de cobrador Esteban Ángel Alberto Scialocomo integraba el grupo denominado “Los Particulares”, que incluía a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioven, Viviana Giselle Mena Gioven, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea Demartin y Verónica Caíno. Este grupo era la “mano de obra” que ejecutaba las directivas de los jefes y organizadores, realizando el “trabajo de campo”, que abarcaba desde el reclutamiento de falsos contratistas (a menudo parientes, amigos o conocidos, valiéndose del “boca a boca” y de la confianza) hasta la gestión del cobro de cheques emitidos desde los servicios administrativos contables de la Legislatura y la percepción de dichos importes en el banco. La función prioritaria de “Bebu” era la gestión del cobro de los cheques y la posterior recogida del dinero. El grupo llevaba un exhaustivo registro de los importes que diariamente recibían y entregaban, rindiendo cuentas a los eslabones superiores de la red delictiva. Las pruebas que sostienen esta participación incluyen numerosas anotaciones en cuadernos incautados, mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de aparatos de telefonía y computadoras secuestrados a los imputados. Se demostró que Scialocomo, junto con Mena y Beckman, llevó los asientos de los cuadernos donde se consignaban las cobranzas. Como ejemplo, en la sentencia de Cotorruelo se menciona que en el periodo entre el 1° de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2018, Scialocomo registró el cobro de 178 cheques girados contra la cuenta de la Cámara de Diputados por un total de $2.944.000, y 122 cheques contra la cuenta de la Cámara de Senadores por $2.291.000. Otros miembros de su familia también registraron cobros significativos en el mismo período: • Irene Marcela Galli (madre): 323 cheques de Diputados por $5.430.000 y 284 cheques de Senadores por $4.730.000. • Luis Oscar Scialocomo (padre): 242 cheques de Diputados por $4.123.000 y 176 cheques de Senadores por $3.573.000. • Giuliana María Scialocomo (hermana): 141 cheques de Diputados por $5.793.000 y 175 cheques de Senadores por $3.064.000. • Rocío Marianela Scialocomo (hermana): 117 cheques de Diputados por $1.542.000 y 99 cheques de Senadores por $1.651.000. Cabe recordar que, entre los funcionarios públicos y directores administrativos contables de la Legislatura, se encuentran Juan Domingo Orabona, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso, quienes manejaban los fondos públicos, emitían cheques y recibían el dinero a través de los contadores Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, quienes llevaban una “verdadera administración” de las actividades ilícitas. A su vez, el dinero era finalmente rendido a uno de los principales imputados: Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y a Alejandro Almada. Además, la imputación señala que los fondos públicos robados se invertían en bienes raíces y actividades agropecuarias, con la complicidad de auditores y el uso de estudios contables para gestionar impuestos de los falsos contratistas, resultando en un monto sustraído que supera los 1.235 millones de pesos. En tanto, la audiencia de remisión de la causa a juicio continuará, luego de un cuarto intermedio, el próximo lunes a las 9. Se acerca el momento de resolución de la jueza de Garantías Marina Barbagelatta, a casi ocho años del inicio del escándalo y la investigación. Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. 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