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Parana » Informe Digital
Fecha: 07/06/2025 03:22
[ Con la causa de contratos truchos legislativos en la etapa final de elevación a juicio, uno de los imputados ha sido condenado tras llegar a un acuerdo por una pena leve en un juicio abreviado. Se trata de Esteban “Bebu” Scialocomo, quien tenía la tarea de recoger el dinero de los falsos contratistas y trasladarlo a los eslabones superiores de la organización. Además, formaba parte del grupo que reclutaba prestanombres para realizar las contrataciones fraudulentas en el sistema que permitió desviar sumas multimillonarias del Estado provincial hacia unos pocos beneficiarios. La sentencia fue emitida este jueves por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, quien le impuso a Scialocomo una pena de tres años de prisión condicional por el delito de Asociación Ilícita y como partícipe necesario en el delito de Peculado reiterado (por 11 hechos), además de una multa de 90.000 pesos y la imposición de normas de conducta a cumplir por un plazo de tres años. Entre estas obligaciones, deberá abonar 6.390.000 como reparación económica y realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público durante 96 horas al año. Es la primera vez que la Justicia reconoce la existencia de un hecho de corrupción a través de esta trama delictiva. El juez fundamentó su condena en la solidez de las pruebas acumuladas durante la investigación penal preparatoria. La maniobra, que se ejecutó al menos entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, consistió en la sustracción sistemática de dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, mediante la celebración de “contratos de obra” fraudulentos. Los supuestos “contratistas” no llevaban a cabo ninguna prestación para el Estado, sus firmas eran frecuentemente falsificadas, y percibían únicamente una mínima parte de los honorarios acordados, quedando el resto en manos de la organización. El rol de cobrador Esteban Ángel Alberto Scialocomo formaba parte del grupo denominado “Los Particulares”, que incluía a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioven, Viviana Giselle Mena Gioven, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea Demartin y Verónica Caíno. Este colectivo se encargaba de ejecutar las directrices de los líderes y organizadores, realizando “trabajo de campo”, que abarcaba desde el reclutamiento de falsos contratistas (generalmente familiares, amigos o conocidos, aprovechando el “boca a boca” y la confianza) hasta la gestión del cobro de cheques emitidos por los servicios administrativos contables de la Legislatura y el cobro de dichos importes en el banco. La función principal de “Bebu” era gestionar el cobro de cheques y la recogida del dinero. El grupo llevaba un minucioso registro de los montos que recibían y entregaban diariamente, rindiendo cuentas a los eslabones superiores de la red delictiva. Las pruebas que sustentan esta participación incluyen numerosas anotaciones en cuadernos incautados, mensajes de texto y correos electrónicos obtenidos de dispositivos de telefonía y computadoras confiscados a los imputados. Se demostró que Scialocomo, junto a Mena y Beckman, llevó los registros en los cuadernos donde se documentaban las cobranzas. Como ejemplo, en la sentencia de Cotorruelo se menciona que entre el 1° de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2018, Scialocomo registró el cobro de 178 cheques emitidos contra la cuenta de la Cámara de Diputados por un total de $2.944.000, y 122 cheques de la Cámara de Senadores por $2.291.000. Otros miembros de su familia también registraron cobros significativos en el mismo período: • Irene Marcela Galli (madre): 323 cheques de Diputados por $5.430.000 y 284 cheques de Senadores por $4.730.000. • Luis Oscar Scialocomo (padre): 242 cheques de Diputados por $4.123.000 y 176 cheques de Senadores por $3.573.000. • Giuliana María Scialocomo (hermana): 141 cheques de Diputados por $5.793.000 y 175 cheques de Senadores por $3.064.000. • Rocío Marianela Scialocomo (hermana): 117 cheques de Diputados por $1.542.000 y 99 cheques de Senadores por $1.651.000. Es importante recordar que entre los funcionarios públicos y directores administrativos contables de la Legislatura se encuentran Juan Domingo Orabona, Gustavo Hernán Pérez y Sergio Esteban Cardoso, quienes manejaban los fondos públicos y emitían cheques, así como los contadores Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, quienes ejercían una “verdadera administración” de las actividades ilícitas. Además, el dinero era finalmente rendido a uno de los principales imputados: Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y a Alejandro Almada. La imputación también indica que los fondos públicos robados se invertían en bienes raíces y actividades agropecuarias, con la complicidad de auditores y el uso de estudios contables para gestionar los impuestos de los falsos contratistas, resultando en un monto sustraído que supera los 1.235 millones de pesos. Por otro lado, la audiencia de remisión de la causa a juicio continuará, después de un cuarto intermedio, el próximo lunes a las 9. Se aproxima el momento de resolución de la jueza de Garantías Marina Barbagelatta, casi ocho años después del inicio del escándalo y la investigación.
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