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Parana » Informe Digital
Fecha: 06/06/2025 20:13
El diputado nacional de La Cámpora, Emiliano Estrada, fue imputado este viernes por peculado y abuso de autoridad, en una causa que lo acusa de haber incurrido en el uso indebido de fondos públicos para llevar a cabo una campaña de difamaciones en redes sociales. La jueza Mariela Giménez tomó esta decisión, resolviendo que el expediente continúe en el Juzgado Federal N°2 de Salta, a pesar de un requerimiento del juez Sebastián Casanello para trasladar la causa a Comodoro Py. Además, a solicitud del fiscal federal Carlos Amad, la magistrada confirmó que solicitará el desafuero de Estrada ante el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Esta decisión fue impugnada por la defensa del acusado, que también requirió una audiencia para resolver la cuestión. Por lo tanto, se decidirá remitir el asunto a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para su resolución. “El pedido de desafuero contra Estrada se basará en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios”, afirmó el fiscal tras la audiencia, a la que no se presentó el legislador. En realidad, se interpusieron y rechazaron dos pedidos de inhibitoria de competencia por la jueza Giménez. Uno de ellos provenía de Casanello, del juzgado correccional 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el otro, de la jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial. Estrada se encuentra imputado como autor de los delitos de intimidación pública, conforme al artículo 221 del Código Penal, y peculado de trabajos y servicios, conforme al artículo 261, 2ª parte del Código Penal, ya que se presume que la organización y distribución de tareas de su equipo estaba siendo financiada con fondos públicos provenientes del Congreso de la Nación, dado que el pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenía del erario público nacional. La investigación intenta establecer si Estrada, electo por la provincia de Salta y ex ministro de Economía durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, organizó una usina de noticias falsas para desprestigiar a rivales políticos, empresarios y periodistas. Según consta en el expediente que se tramitó en Salta, quienes llevaron a cabo las tareas fueron los empleados del Congreso Nacional Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, quienes admitieron su culpabilidad a cambio de un juicio abreviado en la justicia provincial. Ellos acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, además de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los ex empleados legislativos reconocieron que seguían instrucciones directas del diputado. Argumentaron como defensa que consideraban las campañas difamatorias como “responsabilidades laborales” y no se dieron cuenta de que eran maniobras ilícitas. Principalmente en TikTok, usaban cuentas denominadas “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para viralizar los ataques digitales. Aunque el contenido tenía distintos objetivos, la mayoría de los videos se dirigían contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien vinculaban con la corrupción y el narcotráfico. “Con el diputado nacional, trabajaban tres o cuatro personas. Dos de ellas recibieron de su parte órdenes ilegales que consistían en realizar este tipo de contenidos en TikTok, creando cuentas falsas para tal fin. Utilizó a estas personas, que eran pagadas por la administración pública nacional, en beneficio propio. Ahí es donde se cometen estos dos delitos: abuso de autoridad, al dar una orden ilegal a sabiendas de que es ilegal; y peculado al usar los servicios de estas personas, cuyos sueldos son pagados por el Estado, para su propio beneficio personal”, explicó el fiscal Amad tras la audiencia de este viernes. Un tercer miembro del equipo de Estrada fue investigado por la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo Solá, aunque fue sobreseído antes de la elevación a juicio. Esta parte de la causa se desarrolló en jurisdicción provincial, ya que los videos buscaban “alterar el orden público” específicamente en Salta. En este expediente, el diputado también está imputado por intimidación pública, aunque no ha habido avances en su contra gracias a que se amparó en sus fueros parlamentarios. El problema de competencias que surgió en la Justicia Federal se relaciona con el delito de peculado, dado que se habrían utilizado recursos humanos del Estado para fines políticos personales. Esto se origina porque un abogado se presentó en Comodoro Py para denunciar a Estrada por hechos que ya estaban siendo investigados en Salta. La denuncia fue asignada por sorteo al Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 7, bajo la dirección de Casanello, y a la Fiscalía N° 9 a cargo de Marijuan, quien se encargó de la investigación.
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