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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 06/06/2025 15:10
Viernes, 6 de Junio de 2025, 10:20 Redacción EL ARGENTINO El dictamen favorable en la Cámara de Diputados de Entre Ríos al proyecto de reforma de la Ley de Juicio por Jurados (Ley 10.746) desató un amplio rechazo por parte de organizaciones jurídicas, académicas y de derechos de las víctimas. Califican la iniciativa como ilegítima e inconstitucional, al advertir que representa un retroceso histórico en materia de participación ciudadana en la justicia penal. El Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), la Asociación de Pensamiento Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) hicieron pública su oposición, en un comunicado conjunto, en el que acusan al proyecto de vulnerar principios constitucionales y de atentar contra el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones trascendentales, como lo es el juzgamiento penal. “La reforma implica una ilegítima e inconstitucional modificación a los casos que deben ser resueltos por jurados. Se pretende, irregularmente, transferir ese poder a una justicia clasista y cada vez más deslegitimada ante la sociedad”, señalaron. Destacaron que los artículos 24, 75 inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional consagran con claridad el instituto del juicio por jurados como herramienta democrática de control popular sobre el poder judicial. Uno de los ejes de la crítica es que Entre Ríos se convertiría en la primera provincia en retroceder en esta materia, cuando el resto del país —señalan— trabaja en la consolidación y expansión del sistema. “Será la única jurisdicción que quite competencia al juzgamiento por jurados, atentando contra un avance reconocido a nivel nacional e internacional”, remarcaron. Desde el campo académico, la reacción fue unánime. Especialistas en derecho penal sostienen que no existió un debate serio ni profundo sobre la reforma, que fue impulsada sin el necesario consenso político ni jurídico. “El dictamen no responde a estudios técnicos, sino a intereses ajenos al mejoramiento de la administración de justicia. En lugar de modernizar el sistema, lo empuja a un atraso institucional inadmisible”, advirtieron. También desde el ámbito profesional se alzaron voces críticas. “La falta de consenso es tan evidente que abogados y abogadas de toda la provincia, que representan tanto a imputados como a víctimas, se manifestaron en contra de esta modificación. Eso refleja el vacío de fundamentos del dictamen y la oscuridad de los motivos que lo impulsan”, afirmaron. Otro de los argumentos destacados por los opositores es el impacto que tendría la reforma en la actividad judicial. Estiman que generará un “aluvión de litigios” por inconstitucionalidad, que provocará demoras en los juicios y afectará directamente el acceso a la justicia. “No sólo se vulnera el derecho de los acusados y de las víctimas, sino que se compromete la eficiencia del sistema judicial”, señalaron. Las organizaciones concluyeron su pronunciamiento con un llamado urgente a los legisladores provinciales: “Exhortamos enfáticamente a los Diputados y Senadores a rechazar este proyecto que lesiona derechos constitucionales, erosiona la confianza en las instituciones y priva a la ciudadanía de una herramienta democrática esencial”.
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