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CABA » Plazademayo
Fecha: 06/06/2025 11:41
Un informe reciente del Centro Estratégico para el Pensamiento Alternativo (CEPA) revela un ajuste masivo en el empleo del Sector Público Nacional desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el Estado perdió más de 50 mil puestos de trabajo, lo que representa una caída del 14,7% en la dotación total de personal. Según el análisis, la mayor parte de los recortes afectó a la administración descentralizada, seguida por las empresas estatales y la administración centralizada. Entre los organismos y empresas más golpeados se encuentran el Correo Argentino, con 4.860 despidos; Aerolíneas Argentinas, con 1.745; AySA, con 1.548; y la ex Télam, que sufrió un desmantelamiento casi total con la pérdida del 80% de su plantilla. El informe alerta que estos despidos no solo implican un ajuste fiscal, sino también un cambio profundo en el rol del Estado, debilitando áreas estratégicas para el desarrollo del país. Empresas clave como el Banco Nación, con 1.517 despidos, y el sistema ferroviario nacional, que perdió casi 2.250 empleos, reflejan una reducción operativa que impacta en la conectividad y servicios esenciales. El sector científico y tecnológico también fue duramente afectado: el CONICET perdió 957 trabajadores, el ENACOM 764 y el INTI 736, mientras que en salud pública se registraron recortes del 39% en el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Bonaparte, y una reducción del 32% en la Agencia Nacional de Discapacidad. Otros organismos fundamentales para la integración social y el desarrollo, como la ANSES y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, vieron caer sus planteles entre un 40 y 60%, limitando la capacidad del Estado para garantizar derechos y servicios a la población. El CEPA concluye que este ajuste no es un proceso aislado ni una simple racionalización, sino una política sistemática que busca un Estado más pequeño y con menor capacidad de intervención. Este repliegue institucional no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino que también pone en riesgo la prestación de servicios públicos, la cohesión social y el desarrollo a mediano y largo plazo en Argentina.
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