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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 05/06/2025 12:12
Trabajadores de la Casa de Gobierno, el Consejo General de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano reclaman por el recorte del 25% en horas extras y la baja de suplencias. En respuesta, realizaron asambleas y protestas, y convocan a una movilización masiva este jueves hacia la Casa de Gobierno para exigir soluciones urgentes. Un sorpresivo y contundente recorte del 25% en las horas extras, aplicado sin previo aviso, ha desatado una ola de protestas y medidas de fuerza entre trabajadores de la administración pública provincial. Los empleados de la Casa de Gobierno, el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia enfrentan una grave crisis que pone en jaque la operatividad de servicios fundamentales para la ciudadanía. Este miércoles, los pasillos de la Casa Gris se convirtieron en escenario de una masiva protesta y asambleas en rechazo a esta medida que afecta directamente sus ingresos y la calidad del trabajo. La situación empeora con la confirmación oficial de la baja y no renovación de todas las suplencias provinciales, dejando a cientos de trabajadores temporales sin empleo y aumentando la carga laboral para el personal estable. María Deluca, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trabajadora del CGE provincial, advirtió: “La baja de suplencias no solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino que recarga a quienes permanecen. En el Ministerio de Desarrollo Humano, la reducción alcanza también un 20% en las horas extras, afectando servicios clave como los comedores escolares.” Ante esta situación crítica, los trabajadores resolvieron nuevas acciones para este jueves 5 de junio: una concentración a las 10 horas en la puerta del CGE provincial, seguida de una marcha hacia la Casa de Gobierno, exigiendo la reversión inmediata de los recortes que ponen en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Esta crisis en la administración pública provincial expone un serio desmantelamiento de la estructura laboral y alerta sobre un posible colapso de la atención estatal en un momento de alta demanda social. Los trabajadores advierten que, si no hay respuesta, las medidas de fuerza podrían intensificarse con consecuencias graves para la estabilidad institucional y el bienestar de la población.
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