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Concepcion del Uruguay » Uruguayenses.com
Fecha: 05/06/2025 05:34
Compartir en: Un grupo de dirigentes políticos, entre ellos gremiales, denunció penalmente a los interventores del Iosper que, en esta semana, se convertirá en OSER (Obra Social de Entre Ríos). Quienes se presentaron en Fiscalía enumeraron una serie de hechos de los que sospechan que se encuadran en delitos de corrupción. Los firmantes de la denuncia son Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavidez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez. Con el patrocinio de Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto. Éste último; enrolado en un sector interno de la UCR crítico de la gestión provincial; había anunciado en una entrevista con este medio que no le temblaría el pulso en denunciar a la actual administración, a la que votó. La denuncia penal recayó contra el interventor Mariano Gallegos; el subinterventor Ricardo García; y el director general de la intervención Raúl Matías Sánchez. Los supuestos delitos que pretenden que se investiguen -según la presentación a la que tuvo acceso Página Política en exclusiva- son administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona. Entre las irregularidades -según los peticionantes- “se ha verificado —con base en documentos públicos y observaciones técnicas calificadas— que convenios, suscriptos durante la intervención del Iosper, presentan graves y patentes irregularidades, a saber: ausencia de licitación pública como modo de selección de contratistas, pese a que los montos involucrados en los mismos superan ampliamente los umbrales previstos en el Decreto 795/96 MEOSP y sus modificatorias”; “contratación en dólares estadounidenses sin justificación legal ni base reglamentaria, a pesar de tratarse de insumos en su mayoría nacionales, estando ello prohibido por las normas vigentes en la materia, sometiendo los recursos del Iosper, que son de los afiliados y aportados por ellos, a las turbulencias macroeconómicas propias de un país con inflación y variabilidad cambiaria”. También mencionan la existencia de “proveedores no inscriptos en el padrón oficial provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos ni cumplimiento de la Ley 9353 de Compre Provincial. Este incumplimiento flagrante se visualiza sin ningún esfuerzo, toda vez que la ley citada obliga a los organismos que ingresan a procesos de selección de contratistas que, a precios iguales, incluso que superen los de otras provincias hasta un tope de un 5%, se preferirá (derecho de preferencia) al oferente local, pues se privilegian las fuerzas productivas locales, como factores dinamizadores de la economía, generadores de trabajo y contribuyentes al erario provincial”. En este último ítems -según escribieron los abogados patrocinantes- “lo más grosero, sin dudas, lo constituye el hecho irregular de que ninguno de los cuatro proveedores de prótesis de CABA siquiera constituyó domicilio en Entre Ríos, más allá de no estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, careciendo absolutamente de antecedentes y, peor aún, ignorando por qué razón o motivos de un universo tan numeroso de proveedores de prótesis u ortopedias en la República Argentina, resultaron beneficiadas estas cuatro firmas de CABA, de donde casualmente (o causalmente) provienen el Sr. Interventor y el Director/Gerente Raúl Sánchez, quien en los hechos funge de súper gerente, siendo de hecho un director más de la entidad”. Las firmas no están inscriptas en la ATER en relación al impuesto a los Ingresos Brutos, por lo tanto -argumentan- deberían tener el alta en la Jurisdicción 908 en su formulario de Convenio Multilateral, con lo cual se incumple, además, con la presentación del certificado de libre deuda para poder percibir un cobro por parte de un organismo autárquico como lo es el Iosper. En el caso de García, el subinterventor, lo denuncian por haber autorizado una contratación directa por vía de excepción a Hugo Moisés Hillairet, por $980.000, “por servicios de sonido, iluminación y streaming” de un evento que habría tenido lugar el 28 de abril de 2025, haciéndolo además a través del dictado de una resolución que ordena el pago anticipado de la factura N.º 00003-000000369, sin orden de compra previa. La denuncia llega en el medio de un conflicto en el que el Poder Ejecutivo se apresta a sacar la ley por la cual el Iosper dejará de existir, para convertirse en OSER. Antes se inició – en diciembre- el proceso de intervención de la obra social estatal.
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