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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/06/2025 04:53
La Cámara de Diputados aprobó este jueves en media sanción el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Tras más de una hora de deliberación, 143 legisladores expresaron su apoyo a la iniciativa, frente a 71 votos en contra y 3 abstenciones. Este proyecto, que tendría un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, contempla una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias destinadas a asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Desde el oficialismo, se acusó a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable, sugiriendo que el presidente Javier Milei también optará por vetarlo, al igual que otros proyectos relacionados con el aumento de las jubilaciones. El dictamen de mayoría, liderado por el diputado Daniel Arroyo, propone reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente de $213 mil), fijándolas en un 70% del haber mínimo jubilatorio. Esta medida será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. Además, se aclara que el Poder Ejecutivo podrá realizar incrementos adicionales basados en la invalidez laboral o en zonas geográficas desfavorables. Por otro lado, en respuesta a las reiteradas solicitudes del sector, la propuesta busca fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —como hogares, escuelas, centros de día, terapeutas y transportistas— ha sido objeto de reclamos debido a la falta de actualización en los valores que perciben. En este contexto, se plantea una actualización mensual automática de los aranceles conforme al índice de precios al consumidor (IPC) indicado por el INDEC, cuyo financiamiento será responsabilidad del Estado. Asimismo, se prevé una compensación de emergencia para abarcar la diferencia entre los aumentos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese lapso. Estos mecanismos buscan resolver un problema puntual: que las personas con discapacidad no se queden sin asistencia profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) debido a los bajos salarios y a las demoras en los pagos. El proyecto aprobado también abarca medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago existentes y vencidos. Otro aspecto importante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas relacionados con la salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. También se comprometen recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. Desde el bloque La Libertad Avanza ya habían manifestado su oposición al proyecto de emergencia, reafirmando su postura durante el debate. Como habían anticipado, criticaron la falta de información sobre el método de financiación propuesto para cubrir los cambios, sin comprometer el objetivo de mantener el déficit fiscal en cero. En esa línea, la diputada salteña Emilia Orozco dirigió sus acusaciones al kirchnerismo, cuestionando su responsabilidad en el desajuste del sistema de discapacidad. “Hicieron de la discapacidad un curro”, denunció, al indicar que varias de las pensiones otorgadas en la gestión anterior no calificarían con diagnósticos de invalidez. No obstante, los bloques que apoyaron la medida coincidieron en que la declaración de emergencia no aborda las problemáticas fundamentales. “Ni siquiera con esta emergencia estamos resolviendo el tema”, expresó el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, al destacar que la discusión en la sesión sólo representaría un primer paso hacia la solución de los reclamos del régimen de discapacidad. “Es cuestión de voluntad política”, afirmó la diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical (UCR), al enfatizar la necesidad de profundizar el debate para idear respuestas efectivas a las diversas falencias del sistema de discapacidad. Así, solicitó abordar el tema con respeto y advirtió al Gobierno nacional para que “no rieguen el fuego con más nafta”, ante la negativa de proporcionar medidas que alivien la carga sobre el sector social comprendido por el sistema.
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