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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 05/06/2025 04:49
Más del 45% de la población argentina sufre algún tipo de trastorno emocional o psicológico En Argentina, la salud mental atraviesa una crisis no silenciosa que demanda atención inmediata. La pandemia de COVID-19 exacerbó una problemática que ya era profunda, evidenciando la insuficiencia de recursos y políticas públicas específicas para atender a quienes enfrentan trastornos mentales. En 2021 presenté un proyecto modificatorio de la actual Ley de Salud Mental, convencida que la misma ni había dado las respuestas adecuadas a pacientes y familiares. Este lunes 19 de mayo presenté un proyecto para declarar la Emergencia en Salud mental. La idea de declarar una emergencia en salud mental surge como un paso imprescindible para frenar esta situación desbordada. La magnitud del problema Según datos recientes, más del 45% de la población argentina sufre algún tipo de trastorno emocional o psicológico, y la demanda de atención psiquiátrica y psicológica no deja de crecer. Sin embargo, los recursos disponibles son escasos: para un país de más de 45 millones de habitantes, existen pocos centros especializados y una larga lista de pacientes en espera de atención. Además, las desigualdades sociales profundizan la vulnerabilidad, dejando a quienes más lo necesitan sin asistencia adecuada. La pandemia no solo agravó la ansiedad, la depresión, las adicciones y otras condiciones mentales existentes, sino que también generó nuevos casos vinculados al aislamiento, la incertidumbre laboral y la pérdida de seres queridos. Las cifras sobre suicidio, consumo de sustancias y trastornos relacionados indican una situación alarmante que requiere acciones inmediatas. Más de 14 millones de argentinos padecen trastornos mentales, pero el gasto en salud mental es insignificante, apenas el 0,2% del presupuesto de Salud. La falta de recursos, la escasez de profesionales y la ausencia de infraestructura adecuada dejan a la población en una situación de vulnerabilidad grave, especialmente en zonas rurales y marginadas. Testimonios de Profesionales y familiares describen cómo la falta de atención oportuna puede tener consecuencias fatales y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las cifras de suicidio, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar reflejan una realidad apremiante que exige cambios urgentes. Algunas madres mencionan que “sin atención adecuada por el consumo de sustancias, el camino de sus hijos es la cárcel o el cementerio”. Una psiquiatra con 20 años de experiencia, alerta: “El sistema está colapsado. Muchos pacientes van quedando sin atención o en espera de meses, lo que agrava su estado mental. Urge una respuesta rápida y con recursos adecuados”. Un ex jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Posadas, afirmó: “Muchos pacientes se ven obligados a esperar meses para una cita con especialistas. La situación se vuelve insostenible, y la posible pérdida de vidas por falta de acceso urgente resulta cada vez más probable”. Martín, un joven de 27 años de Buenos Aires, cuenta que luchó “por meses por acceder a un psicólogo”. “La lista de espera era de más de seis meses. Mientras tanto, la ansiedad aumentaba y no podía encontrar ayuda a tiempo”. Su historia no es única. La falta de acceso, la burocracia y la escasez de profesionales hacen que muchas personas queden en situación de vulnerabilidad, sin la atención necesaria. Por su parte, María José, madre de un adolescente que sufrió depresión, relata: “Mi hijo estuvo meses en lista de espera y casi no pudo recibir la ayuda que necesitaba a tiempo. La salud mental no puede esperar”. Consecuencias sociales y económicas El impacto social de la crisis en salud mental es profundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la falta de intervención efectiva puede generar una “bomba social” con consecuencias en la seguridad, el sistema judicial y la economía. El impacto social y económico es devastador. La OMS estima que la pérdida económica global por trastornos mentales alcanza el billón de dólares anualmente. En Argentina, los costos adicionales por intervenciones tardías, crisis y suicidio superan los miles de millones de pesos por año. Según un informe del Ministerio de Salud de Argentina de 2023, aproximadamente el 45% de la población ha experimentado algún fenómeno vinculado a trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático en el último año. Además, la cantidad de consultas en centros de salud mental aumentó en un 60% desde 2019, pero los recursos permanecen insuficientes. La realidad revela un sistema saturado, con solo 0,3 psiquiatras por cada 10 mil habitantes, muy por debajo del promedio internacional. En Argentina, los casos de suicidio en 2022 totalizaron 4.500 muertes, pudiendo prevenirse con una atención temprana y accesible. Además, el aumento en los consumos de sustancias y las problemáticas de violencia familiar reflejan la gravedad de la situación, que requiere políticas de emergencia. Un psicólogo y profesor universitario experto en Salud Pública, señala: “Para reducir estas cifras, hay que actuar con urgencia. La declaración de emergencia puede facilitar cambios estructurales, necesarios y salvar vidas”. ¿Por qué una declaración de emergencia? Declarar una emergencia en salud mental permitiría movilizar recursos de manera rápida y efectiva, priorizar y permitir la apertura de centros de atención especializados públicos y privado -algo que la ley actual de Salud mental NO autoriza-, aumentar la cobertura de servicios y garantizar la capacitación y contratación de profesionales. En otras palabras, sería un reconocimiento oficial de la gravedad de la situación y un paso para implementar políticas públicas concretas en un marco de urgencia. Obstáculos y desafíos A pesar de la sensibilidad social y la evidencia empírica, la declaratoria enfrentará obstáculos políticos y económicos. La asignación de fondos, el cambio de prioridades en la agenda nacional y la burocracia dificultan una respuesta rápida y efectiva. Sin embargo, la historia demuestra que, en crisis, la movilización de recursos y la acción decidida pueden marcar la diferencia. Es imprescindible que Argentina reconozca la salud mental como una prioridad de Estado. La declaración de emergencia sería un acto de compromiso con la población, sobre todo con los más vulnerables. La salud mental no puede seguir siendo una deuda pendiente. La crisis exige una respuesta inmediata y contundente para construir un sistema que acompañe a enfermos y familiares, protegiendo con eficacia a quienes más lo necesitan.
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