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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 04/06/2025 19:49
Compartilo con De no acordar con la Nación, las provincias no acceden a información sobre facturación de personas físicas y jurídicas y consumos que superen los umbrales fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Buscando ensanchar el caudal de dólares, el Gobierno nacional insiste con sumar a las provincias a su plan de remonetización para incentivar a blanquear los ahorros no declarados y, este martes, firmó convenios de intercambio de información fiscal con las provincias de Chubut y Entre Ríos, en el marco de la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en Argentina, “una herramienta clave para garantizar mayor transparencia, control y libertad en el uso del dinero por parte de los ciudadanos”, según informó la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de una publicación en el sitio web del gobierno nacional. La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. También estuvieron presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes formalizaron la adhesión de sus provincias al nuevo régimen. Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que respeta la privacidad de los ciudadanos, preservando la información vinculada a sus consumos personales y al incremento patrimonial, precisa el comunicado de la Jefatura de Gabinete. Las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por la ARCA, actualmente fijados en $50.000.000. Para la Jefatura de Gabinete, con esta medida, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una administración más eficiente y respetuosa de las libertades individuales, garantizando una decisión histórica: devolverle a los ciudadanos de todo el país la libertad de usar su dinero como lo deseen, bajo el principio de que todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. Cabe destacar que la semana pasada ya habían formalizado su adhesión al Régimen los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, de las provincias de Catamarca y Tucumán, respectivamente. Discrepancias y apoyos El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un convenio en el marco del Régimen Simplificado de Ganancias, para blanquear ahorros no declarados. Pese a que gran parte de los gobernadores decidieron plegarse a este esquema, varias provincias advirtieron que no habilitarán la discusión. Este es el caso de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, quien advirtió que este plan podría traer beneficios implícitos para el negocio del narcotráfico que busca erradicar de su provincia. La negativa también se extendió en los gobernadores de las provincias peronistas que tienen una marcada oposición al gobierno nacional, como es el caso de Buenos Aires, La Pampa, Formosa y Tierra del Fuego. En este sentido, desde el entorno del gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtieron que no tienen previsto plegarse a este esquema. La decisión llega tras la reunión que desde la gobernación bonaerense mantuvieron con los directivos de ARCA (ex AFIP), en la que se les informó en detalle el plan del gobierno libertario. “Si bien no nos oponemos al programa de simplificación, entendemos que tal como está planteado, no brinda seguridad jurídica en tanto y en cuanto no haya una ley que modifique el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario y la ley de procedimiento tributario. Desde la Provincia no vamos a perseguir a nadie que tenga ahorros bajo su colchón, solo pedimos garantizar la seguridad jurídica de los y las contribuyentes”, dijeron desde el Ejecutivo provincial. Una línea similar adoptaron desde la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que advierten que no están en desacuerdo con la medida, afirman que buscarán que la misma sea apoyada a través de un proyecto en la Legislatura donde Jorge Macri quedó expuesto a una voraz avanzada opositora tras los comicios del pasado 18 de mayo. Por otra parte, tras la reunión mantenida ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la denominada “Jornada de Trabajo: Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, del que participaron (algunos de manera virtual) los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz), un grupo de mandatarios provinciales dejaron las oficinas del CFI en el barrio porteño de Retiro y se dirigieron a la Casa Rosada, donde firmaron su adhesión al Régiment Simplificado de Ganancias. Fueron siete: Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) firmaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias. En el caso de Passalacqua, como no viajó a Buenos Aires, lo hizo su ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. La adhesión es un espaldarazo a Milei ante la escasez de dólares y la caída de reservas, una señal que los mandatarios aliados envían al Gobierno y que esperan reciprocidad para alivianar las cuentas provinciales. Con estas adhesiones, en el oficialismo dan por descartado que los gobernadores apoyarán en el Congreso el proyecto de ley que se enviará en las próximas semanas. El mismo pretende modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para aumentar de $1,5 millones a $100 millones el índice de dinero por el cual se considera a la evasión como un delito. El texto también busca reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para estas infracciones.
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