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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 04/06/2025 06:43
Luis Petri defendió la gestión del Ministerio de Defensa, pero eludió responder sobre las situaciones de las empresas del organismo. La oposición invitó hace dos semanas al ministro e hizo hincapié en dos focos que consideraron críticos de la gestión: el proceso de crisis en el que ingresó la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), la inestabilidad del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y el desfinanciamiento de la Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA). Luis Petri sobre COVIARA Por su parte, apuntó al futuro de la compañía constructora de la Armada: “Nuestra intención es cerrar definitivamente COVIARA y generar planes de vivienda para las Fuerzas e incrementar las posibilidades de acceso a la vivienda de manera real”. “El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas, para eso están otros”, agregó. “No ha cumplido su objetivo y tiene problemas de opacidad”, sostuvo Petri, quien apuntó a una deuda de $250 millones, lo que atribuyó a que “sus recursos en lugar de ir a efectivamente viviendas, lo que hacen es pagar estructuras administrativas sobredimensionadas”. En contrapartida, afirmó que se concretó un incremento del 100% de los créditos hipotecario que se le están a los miembros de las FFAA. La declaración del funcionario ingresa en medio de los trascendidos sobre una puja interna por la distribución de las propiedades de COVIARA. Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados A su turno, el santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria) interpeló a Luis Petri: “Aflójele al humo, señor ministro“. Asimismo, le planteó que la deuda del IOSFA para mayo del 2025 ascendía a $140.000 millones (u$s 120 millones), mientras que el 6 diciembre del 2023 el superávit era u$s35 millones. “La situación es dramática”, calificó y le preguntó: “¿Qué pasó con los fondos del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares que fueron para el IOSFA?”. Luego, el también santafesino Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) indagó sobre el posible impacto en la defensa nacional de la reforma de importaciones, que podría generar -según sus términos- “despoblamiento” en Tierra del Fuego. Tras ello, apuntó contra el fin del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) para reemplazarlo por un fondo proveniente de la actividad industrial hacia las FFAA: “¿Cree que no se contradice en que inevitablemente de promoción industrial de Tierra del Fuego con la constitución de un fondo que va a utilizarse la Defensa pero que no ya a va tener a las industrias que aportaba?”. Ante las preguntas de la oposición sobre la situación de las compañías, Petri planteó que “teniendo en cuenta que hay varias preguntas que se vinculan a las empresas de la Defensa, que sucintamente y que de boca de los propios presidentes de las empresas ellos den cuenta del estado en que encontraron las empresas y de las proyecciones“. Demandas al Ministerio de Defensa: FAdeA y IOSFA En medio de un déficit presupuestario, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) -dependiente del Ministerio de Defensa– presentó un procedimiento preventivo de crisis, en donde proponen suspensiones de trabajadores por seis meses a partir del próximo 1° de junio y presentaron un plan de pagos del 50% del salario neto a las 720 personas que integran la planta laboral, que cuenta con unos 200 empleados menos que en diciembre del 2023. Desde la CGT Córdoba, provincia en donde queda emplazada FAdeA, señalaron que existe una estrategia de división para separar las negociaciones entre la central sindical y los gremios aeronáuticos: la Asociación Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA). Asimismo, apuntan que la compañía acumula una deuda de $70 millones y que se está evaluando la venta total de la firma a empresas privadas extranjeras. Por su parte, y luego de la la pérdida de dos directores en un semestre, IOSFA atraviesa una situación de renuncias masivas de directivos y una acumulación de deuda que superó los $115.000 millones para abril de este año, según el propio organismo. En ese marco, se observan dos núcleos de tensión: la de los 600.000 miembros de las Fuerzas Armadas que reclaman ante la deficiente atención sanitaria; y la de los trabajadores de la propia obra social, que piden por aumentos salariales, mejores condiciones edilicias y el pago de la deuda con proveedores farmacéuticos.
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