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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 04/06/2025 02:45
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) celebró su Convención Anual en medio de un contexto de ajuste en el financiamiento público a proyectos de infraestructura El sector constructor, uno de los que más peso tiene en la economía argentina y de las que mayor cantidad de mano de obra emplea, se encontró, a un año y medio del cambio de Gobierno, en medio de una encerrona entre una obra pública recortada, altos costos en dólares para los proyectos privados pero con una vía de escape: el avance de privatizaciones y concesiones de infraestructura. Según aseguran en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que este martes celebró su Convención Anual en un evento organizado en la Sociedad Rural, la decisión del Gobierno nacional de desprenderse de la operación y financiamiento de corredores viales asoma como una de las pocas oportunidades para que el sector pueda sostener el nivel de actividad. “La infraestructura debe ser una prioridad para el Estado”, aseguró el presidente de Camarco Gustavo Weiss en su discurso de apertura. En números gruesos, estimó Weiss, entre junio de 2023 y de 2024 la actividad constructora se desplomó 35% y desde mediados del año pasado tendió a una estabilización, aún lejos de empezar a recuperar el terreno perdido. La poda presupuestaria en la obra pública es una de las columnas sobre las que se apoya el plan fiscal oficial y en Camarco ya conviven con esa certeza como parte del ecosistema en el que deben busca oportunidades de negocios. Para el caso de la construcción privada, la apreciación cambiaria tampoco ayudó. De acuerdo al presidente de la entidad, la obra pública de provincias centrales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, “están con ejecución importante con fondos propios”, algo que se replica en municipios grandes. En el sector privado, “la mitad de la obra grande, fundamentalmente gas y petróleo, está muy demandada”. En cambio, “el resto (vivienda individual o edificios) tiene un grave problema de costos medidos en dólares”. Con un valor estimado de “1.300 dólares el metro cuadrado” (era de unos 700 u 800 dólares hace un año), los desarrollos privados “no cierran porque el precio de venta no convalida el costo”. El sector no está parado, “pero no tiene actividad”. Concesiones: la apuesta con cautela de los constructores El Gobierno anunció este martes el llamado a licitación para las concesiones de dos tramos de corredores viales nacionales. Se abrirá un período para que las empresas evalúen los pliegos, hagan sus ofertas y eventualmente, sean adjudicadas. En el sector lo recibieron como una buena noticia. Si se concretara, el sector privado así pasaría a hacerse cargo de la operación de esos tramos, requerirá una inversión inicial elevada -que Weiss calculó en nada menos que USD 100 millones solamente en reparaciones pendientes- y luego se recuperará la inversión mediante el cobro de peajes. Se espera que los contratos sean de entre 20 y 30 años. Camarco aseguró que si bien se espera que los convenios incluyan cláusulas que actualicen el valor de los peajes para no afectar la ecuación financiera, también recuerdan que en otras épocas los contratos también los incluían y aún así fueron incumplidos por el Estado. Martín Redrado fue uno de los expositores en la Convención Anual de Camarco Mencionan además que todavía que pesa como antecedente en términos de seguridad jurídica la cantidad de juicios que la Argentina afrontó en el Ciadi por vulneración de contratos. La española Abertis y la malaya Berhad todavía sostienen demandas en ese tribunal del Banco Mundial por contratos viales. Según Weiss, “el concepto es que la actividad privada tiene que poner a punto el corredor, están en muy malas condiciones”. Weiss explicó que el valor de la inversión lo estima cada concesionario: “Yo oferente, voy, estudio la ruta de acuerdo a los parámetros que plantea Vialidad sobre el estado de la ruta, que esté en buenas condiciones. Yo hago mi propio presupuesto”. La tarifa máxima la fija el Gobierno, y el oferente debe realizar un análisis financiero junto con su banco para evaluar si “me presta y en qué condiciones”. “Hay que poner en el análisis la inversión para cumplir con el pliego del estado de la ruta y el costo financiero. Para recuperar esto necesito una tarifa. Esa tarifa tiene un tope. Si me cierra, me presento y sino, no”. Más allá de las concesiones viales, en segundo lugar, Weiss mencionó la privatización de Aysa como el paso siguiente que esperan por parte de la Casa Rosada. La propuesta es “vender el 51% de las acciones en licitación pública, vender el 39% en la bolsa como una empresa privada cualquiera, y dejar el 10% para los empleados de Aysa”. Y en tercer lugar, los ferrocarriles. Según Weiss, presidente de la constructora Eleprint, el Gobierno plantea dividir dos segmentos diferenciados para la privatización: locomotoras y vagones, entre distintos operadores, y además concesionar las vías de transporte de cargas. “Va a ser una inversión importante”, explicó, que se cuenta en los miles de millones de dólares, y el cobro se hará a través de un peaje por tren que pase, especialmente para las ex líneas San Martín y Belgrano. El sector constructor asegura que la actividad privada quedó con costos altos en dólares. EFE De manera general, sobre las obras de las que podrían participar los privados, Weiss comentó que “hay ciertas obras que son susceptibles de que con algún mecanismo los privados interactúen y los pague el usuario”. En ese sentido, mencionó que el Gobierno anunció la licitación de líneas de transmisión eléctrica en el AMBA, que se recuperará en el precio de la tarifa de luz. Sin embargo, aclaró que “hay muchas otras que no”. Las concesiones viales representan el 25% de la red vial nacional. El 75% restante “no tiene volumen de tránsito para hacer el mantenimiento de la ruta, el peaje tendría que ser mucho más caro”. En consecuencia, “alguien se tiene que hacer cargo de hacer esas rutas, Nación o las provincias. No hay solución ‘vía usuario’”. Sobre los contratos vigentes, Weiss señaló que la mayoría está paralizada y con deuda acumulada desde 2023. “Originalmente, eran $400.000 millones, algo se pagó, pero también hay deuda nueva y de redeterminación de precios”. Además, dijo que hay muchos contratos de organismos que “están parados o ralentizados”. Respecto a la inversión privada en infraestructura, Weiss señaló que los países que la tienen desarrollada requieren fondeo en el mercado de capitales, estabilidad y seguridad jurídica, condiciones que “Argentina hoy no reúne”. Añadió que incluso en esos países “la inversión privada no supera el 15%, el 85% es inversión pública en sus tres niveles”. También afirmó que “no hay rentabilidad para el sector privado en la mayoría de las obras” y que “hay pocos negocios que sean rentables”. Finalmente, sobre el blanqueo, indicó que “la construcción lo registra, va a la actividad”, pero “con este blanqueo no pasó nada”. Mientras no haya reglamentación, “nadie va a blanquear” y “hasta que no está claro nadie va a sacar dólares del colchón”. Hubo algunas operaciones, “pero no en el volumen que se esperaba”.
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