05/06/2025 17:12
05/06/2025 17:05
05/06/2025 17:04
05/06/2025 17:04
05/06/2025 17:04
05/06/2025 17:04
05/06/2025 17:03
05/06/2025 17:03
05/06/2025 17:03
05/06/2025 17:03
» Diario Cordoba
Fecha: 03/06/2025 18:11
Más de una semana después de que se publicaran los primeros audios contra la UCO, el PSOE llamó este martes a Leire Díez para recabar su testimonio. La militante socialista, que el pasado febrero se reunió con un empresario investigado por la Audiencia Nacional para obtener información sensible en contra de un alto mando de la unidad de la Guardia Civil a cambio de presuntos beneficios judiciales, acudió por la tarde al cuartel general de los socialistas, en la madrileña calle de Ferraz. Allí fue interrogada durante dos horas por un responsable del equipo jurídico del partido. Consciente de la enorme tormenta que ha creado, la afiliada optó por poner las cosas fáciles en lugar de encastillarse. Pidió hablar con Santos Cerdán, secretario de Organización, y le transmitió que se daba de baja voluntaria como militante. Así que el PSOE ya no tendrá que tomar ninguna medida contra ella. Hasta ahora, la dirección del partido había arrastrado los pies ante un caso que ha provocado que Alberto Núñez Feijóo pida apoyos para una moción de censura y convoque una manifestación en contra del Gobierno, que tendrá lugar el 8 de junio, y también que algunos socios parlamentarios de Pedro Sánchez, como ERC, Junts y Podemos, se unan al PP y reclamen la comparecencia del presidente en el Congreso de los Diputados. Todos los aliados, con mayor o menor virulencia, critican la falta de explicaciones del líder socialista sobre la reunión en la que participó Díez contra la UCO, encargada de las investigaciones judiciales que afectan a los socialistas y a la familia del jefe del Ejecutivo. Díez llegó a las 16.30 Ferraz para reunirse con el instructor del procedimiento. Ante una nube de micrófonos y cámaras, evitó hacer declaraciones. "No voy a decir nada", se limitó a señalar. Dos horas más tarde, tras reunirse con Alberto Cachinero, director del equipo jurídico del PSOE, salió sin abrir la boca y se montó en un taxi. Pero Díez, periodista de formación, sí dirá algo. Cuando todavía no había abandonado la sede, envió un mensaje de texto en el que anunciaba una comparecencia, este miércoles por la mañana, en un céntrico hotel de Madrid. Y después llegó la noticia de su paso a un lado. Fue comunicada por el PSOE, no por la propia afectada, un síntoma de que su salida ha sido pactada. Una voladura controlada. "Al final de su declaración, Leire Díez Castro ha solicitado la baja voluntaria como afiliada. En cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida", informó el PSOE en un breve comunicado. El expediente El pasado miércoles, tras las presiones internas, la dirección socialista decidió mover ficha y abrirle un expediente informativo a Díez. La respuesta fue tachada de “tibia” y “tardía” por numerosos dirigentes, que consideran que Ferraz, con su actitud, contribuía a alimentar la sospecha de que la controvertida militante pudo contar con algún tipo de visto bueno por parte de la cúpula del partido, algo que desmienten tanto la implicada como todos los portavoces del PSOE. La dirección socialista, en cualquier caso, fue con mucho cuidado cuando anunció la apertura del expediente. Ferraz dejó claro que no estaba prejuzgando, que no se había tomado ninguna medida cautelar y que “todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos”. Y desde entonces hasta este martes, nada. En Ferraz han evitado durante todos estos días dar cualquier información sobre un expediente que ahora, tras la baja voluntaria de la militante, queda aparcado. “No podemos proporcionar datos sobre un afiliado, porque está amparado por la ley orgánica de protección de datos", señalaban fuentes oficiales de la dirección del PSOE, que ha tenido que enfrentarse a otros procesos similares en los últimos tiempos. El más sonado, el que afecta a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización. Aquí los socialistas actuaron primero con rapidez, pero después pisaron el freno. Ábalos, imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, fue suspendido de militancia de forma cautelar el 27 de febrero del año pasado, en cuanto se conocieron las primeras informaciones que le salpicaban dentro del llamado 'caso Koldo'. Un año y tres meses más tarde, su expediente aún no ha sido resuelto, a través de su expulsión definitiva o su reingreso en el partido. La promesa de "contundencia" “No tengan ninguna duda. Si hay que tomar cualquier decisión, será absolutamente contundente, como siempre lo ha demostrado el PSOE”, señaló este martes sobre Díez la portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría. Siguiendo la tónica marcada desde que estalló el escándalo, Alegría evitó lanzar cualquier reproche a la militante. Díez, cuya actuación fue este martes denunciada por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción, no había puesto ninguna pega a la hora de prestar testimonio ante la dirección socialista. Todo lo contrario. Asegura que todo obedece a una confusión, porque ella, en realidad, estaba realizando una investigación periodística. De ahí que en los audios publicados por 'El Confidencial' pidiera al empresario Alejandro Hamlyn, acusado de cometer un fraude fiscal de 154 millones de euros, material comprometedor sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO. “He pedido que [la citación por parte de la dirección del PSOE] sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe su complejidad e importancia”, escribió el viernes en un chat que comparte con otros afiliados del PSOE de Cantabria, la federación a la que ella pertenecía hasta este martes. En lugar de disipar las dudas, acabó abandonando el partido.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por