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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 03/06/2025 15:25
El gobernador Rogelio Frigerio suscribió el acuerdo en Buenos Aires, alineando a la provincia con el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias promovido por el Gobierno de Javier Milei. La medida busca facilitar el control fiscal con resguardo de la privacidad, aunque gobernadores como Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro cuestionan el sesgo político del sistema y alertan sobre la pérdida de herramientas de fiscalización provincial. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó este lunes en Buenos Aires un convenio de adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, impulsado por el Gobierno nacional. La medida tiene como objetivo reforzar los mecanismos de control tributario y promover una mayor transparencia fiscal, resguardando al mismo tiempo la privacidad de los ciudadanos. El acuerdo se enmarca en una estrategia nacional para mejorar el intercambio de datos entre Nación y provincias, y fue rubricado en un acto del que participaron el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Junto a Entre Ríos, la provincia de Chubut –representada por su gobernador Ignacio Torres– también formalizó su incorporación al sistema, sumándose a Catamarca y Tucumán, que lo habían hecho la semana anterior. Desde el Gobierno nacional destacaron que el nuevo régimen busca modernizar el sistema tributario, brindando herramientas a las provincias para una fiscalización más eficiente sin vulnerar derechos ciudadanos. En ese marco, se resalta que la información sobre consumos personales e incrementos patrimoniales quedará protegida, al tiempo que se habilita el acceso a datos de facturación que permitan detectar inconsistencias fiscales. UNA ESTRATEGIA CON ADVERTENCIAS Más allá del discurso técnico de simplificación y modernización, la adhesión al régimen se da en un contexto de presión política por parte del Ejecutivo nacional, que advirtió que las provincias que no firmen el convenio perderán el acceso a información fiscal clave, incluyendo datos de facturación de personas y empresas y consumos superiores a los 50 millones de pesos. La advertencia proviene de ARCA, en el marco del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, impulsado por el ministro Luis Caputo, que apunta a facilitar el uso de dólares no declarados y reducir la fiscalización patrimonial. El plan ha sido interpretado por sectores críticos como un “blanqueo encubierto” que podría debilitar las herramientas de control tributario provinciales. VOCES CRÍTICAS DESDE BUENOS AIRES Y SANTA FE Desde la provincia de Buenos Aires, el titular de ARBA, Cristian Girard, fue tajante: “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control”. Subrayó que los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos e Inmobiliario, no se ven afectados por el nuevo régimen, y que “la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”. Girard remarcó que el cumplimiento tributario debe seguir siendo fiscalizado: “Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo”. En tanto, en Santa Fe, si bien el gobierno provincial celebró la medida nacional como una oportunidad para reactivar ahorros ociosos, también anunció que tomará precauciones para impedir que fondos ilícitos se filtren en el sistema. “Se apoya la medida, pero con un foco en bloquear operaciones vinculadas al narcotráfico que atentan contra la seguridad pública”, advirtieron desde la Casa Gris. ENTRE RÍOS SE ALINEA CON NACIÓN Con la firma del convenio, Entre Ríos reafirma su alineamiento con el Gobierno nacional en materia tributaria, en busca de acceso a datos que permitan mejorar la fiscalización local. Desde la administración provincial se considera que la adhesión permitirá avanzar hacia un sistema más ágil, menos burocrático y compatible con los desafíos actuales de transparencia y eficiencia fiscal. Sin embargo, el debate queda abierto: ¿se trata de un verdadero avance hacia la modernización del sistema tributario o de un rediseño con implicancias políticas que debilita la capacidad fiscalizadora de las provincias? La respuesta dependerá de cómo se implemente el régimen y qué impacto tenga sobre los recursos y el control fiscal en cada jurisdicción.
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