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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 03/06/2025 14:20
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) salió a cuestionar el proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados y que apunta a introducir cambios en el sistema de juicios por jurados en Entre Ríos, que se rige por la Ley N° 10.746. “Esta reforma busca reducir la competencia del juicio por jurados, restringiendo los tipos de casos en los cuales la ciudadanía puede ejercer su derecho a participar en la administración de la justicia a través del juicio por jurados –planteó Inecip-. De aprobarse, el proyecto produciría una reducción de la participación ciudadana, para volver a concentrar el poder de juzgar en las manos exclusivas del Poder Judicial”. En ese marco, planteó: “La reforma propuesta resulta de alto interés nacional, ya que afecta la operatividad de la única institución judicial regulada en tres ocasiones en la Constitución Nacional”. Inecip sostiene que el argumento del costo de llevar adelante los procesos de juicios por jurados no resulta atendible. “El costo de los jurados es de apenas del 0,3% del presupuesto del Poder Judicial”, señala. “El principal argumento presentado por sectores minoritarios del Poder Judicial para justificar este proyecto es el supuesto ´elevado costo´ del sistema de juicio por jurados. Al respecto, señala que durante 2024 el costo de la realización de 34 juicios por jurados en Entre Ríos fue de $197 millones, sobre un presupuesto total del Poder Judicial de $65.000 millones. “Estos costos, incluso, podrían ser menores si, ya sea vía acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, o a través de una reforma legal del artículo 46 de la Ley Nº 10.746, se modificaran los montos de remuneración del juicio por jurados, conforme a lo propuesto por diversas organizaciones provinciales”, agrega Inecip. Además, agrega que en comparación Entre Ríos “no afronta una carga de juicios por jurados desproporcionada. “Entre Ríos se encuentra dentro del promedio de carga de juicios por jurados que tienen las provincias en donde la ley ya se encuentra implementada”. Otro de los argumentos para esta reforma es la cantidad de casos elevados a juicio pendientes de resolución. “En el último informe aportado por el Poder Judicial de Entre Ríos, se señalaba que existían más de 100 casos pendientes de resolución y que por eso era necesaria esta reforma. Sin embargo, más del 50% de los casos elevados a juicio en Entre Ríos finalizan con juicio abreviado”, planta la entidad. Y postula que corresponde al Ministerio Público Fiscal “aplicar una política de diversificación de salidas (desde juicios abreviados hasta vías composicionales), desde el comienzo de los casos, para evitar la elevación a juicio de casos que no deben ser llevados a juicio por jurados. La medición de la saturación de los tribunales se basa en la evaluación de sus dos recursos centrales: jueces y salas de audiencias. Respecto al ´recurso jueces´, según los datos publicados por la Oficia de Estadísticas del Poder Judicial de Entre Ríos, en 2024, más del 90% de los jueces de juicio de Entre Ríos pasaron menos de 4 horas a la semana en audiencias (menos de 1 hora de audiencia al día). Por lo tanto, esto dista de ser una situación de colapso o saturación en ese aspecto. Respecto a las salas de audiencias, tampoco existe información que permita hablar de una saturación o colapso en ese aspecto”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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