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» Facundoquirogafm
Fecha: 03/06/2025 13:40
Acorde a los tiempos que corren, y sumándose al debate que pasó por el Congreso pero está vigente en otras provincias e incluso en el Concejo de Resistencia; legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura avanzaron ayer con el análisis de dos proyectos que tienen por objetivo establecer criterios para acceder a cargos electivos y no electivos en los tres poderes del Estado provincial. Básicamente, se trata de las versiones locales de la ley de "Ficha Limpia". El día lunes, los integrantes de la comisión parlamentaria que abordó los proyectos, uno por cada bancada mayoritaria, decidieron pedir informes a distintos organismos, con lo cual, recién una vez obtenida esa información estarían en condiciones de emitir dictamen. Después de ese paso, las iniciativas llegarían al recinto, pero se estima que esto no será posible en el corto plazo. El proyecto del oficialismo lleva el número 347 y busca modificar el artículo 55 del Régimen Electoral Provincial para impedir que personas con condenas penales por delitos graves puedan ser candidatas a cargos electivos. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lilian Arkwright, Laura Bisonni, Ernesto Blasco, Sebastián Lazzarini, Patricio Pavón, Francisco Romero Castelán, Samuel Vargas y Zulema Wannesson El texto establece que no podrán postularse quienes hayan sido condenados en juicio oral y público, aunque la pena no esté firme o sea de cumplimiento en suspenso, por delitos como corrupción, abuso sexual, homicidios agravados, delitos contra la administración pública, contra la libertad o contra el orden económico y financiero. La inhabilitación se extendería hasta su revocación judicial o por un plazo de ocho años después del cumplimiento de la pena. Entre los fundamentos, los legisladores subrayaron que la iniciativa responde a una demanda creciente de la sociedad: mayor transparencia en la política y compromiso ético de los representantes. "Los pueblos exigen que los funcionarios no solo respeten la ley, sino que sean moralmente idóneos para ocupar cargos públicos", señalaron. Los autores destacaron que la norma respeta el debido proceso y el derecho a la defensa, ya que la inhabilitación solo será efectiva con sentencia de segunda instancia, conforme a los principios del "doble conforme" consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proyecto de la oposición tiene el número 1147, y es denominado "Democracia Limpia". Propone establecer condiciones éticas estrictas para acceder, ejercer y cesar en cargos públicos y lleva las firmas de Santiago Pérez Pons, Paola Benítez, Andrea Charole, María Pía Chiacchio Cavana, Tere Cubells, Analía Flores, Rubén Guillón, Rodrigo Ocampo, Elba Ojeda, Mariela Quirós, Rodolfo Schwartz y Nicolás Slimel. El proyecto impide que personas con condena penal firme por delitos graves, como corrupción, violencia de género, delitos sexuales o de lesa humanidad; puedan ser candidatas a cargos electivos o acceder a cargos no electivos en los tres poderes del Estado. También alcanza a quienes figuren en registros provinciales de deudores alimentarios o personas violentas, mientras no regularicen su situación. Además, propone la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de antecedentes penales, patrimoniales y fiscales antes de asumir. El diputado Santiago Pérez Pons marcó claras diferencias entre ambas propuestas. "La diferencia central está en el alcance y la profundidad ética del proyecto", afirmó. "Nosotros exigimos una condena firme, como corresponde en un Estado de Derecho. No se puede inhabilitar a alguien sin sentencia definitiva, porque eso violaría garantías constitucionales como el principio de inocencia y el derecho al debido proceso", explicó. Además, subrayó que la propuesta oficialista va más allá de los cargos electivos: "No se limita a candidatos a elecciones. También alcanza a quienes ejercen funciones públicas en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Incluye ministros, ministras, jueces y altos funcionarios de organismos descentralizados. Queremos una ética pública integral, no parcial", remarcó. Finalmente, el legislador destacó que "proponemos un juicio de residencia obligatorio para todos los que manejan presupuesto del Estado".
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