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Parana » Informe Digital
Fecha: 03/06/2025 12:45
Las áreas jurídicas del Poder Ejecutivo están finalizando en estos momentos la elaboración del proyecto de ley que será enviado al Congreso. Este tiene como objetivo otorgar un marco legal a las recientes medidas tributarias anunciadas por el Gobierno, iniciando así el régimen tributario más flexible con el que el equipo económico pretende acelerar la circulación de dólares “del colchón”. Desde el oficialismo aseguran que el texto de la ley incluirá varios artículos que modificarán aspectos fundamentales de la ley de procedimiento tributario y de la ley penal cambiaria. Estas dos normativas, si se mantuvieran sin cambios, debilitarían el impacto del paquete de medidas de ARCA, que establece montos más elevados de control automático sobre los contribuyentes. La lógica del fisco es que, al contar con menos herramientas de control automático, tanto las personas como las pymes optarían por utilizar, por ejemplo, dólares ahorrados en los últimos años para realizar transacciones y operaciones corrientes, incluyendo la compra de bienes para pequeñas empresas o de bienes registrables (inmuebles o automóviles) para individuos. Los dos cambios principales se centrarían en el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria y en el monto a partir del cual el fisco considera que dicho delito podría existir. Actualmente, el período para la evasión simple es de 5 años y el monto es de 1,5 millones de pesos. Este podría reducirse hasta 2 años, una opción que genera dudas entre los especialistas, y el monto podría ajustarse por inflación de acuerdo con los nuevos umbrales de información automática establecidos por ARCA. Las definiciones del nuevo régimen impositivo en estudio han suscitado una serie de interrogantes entre los especialistas tributarios. Diego Fraga, de Expansión, indicó que “las posibilidades son muy diversas” y planteó que una posible aproximación sería incorporar una norma que condone impuestos, accesorios y sanciones penales a aquellos que exterioricen activos mediante la adquisición de bienes o servicios durante un período específico y con ciertos topes. “De este modo, se resolvería el tema penal”, afirmó, y además propuso dotar al régimen de un carácter promocional, donde el Estado acordara con el ciudadano no intervenir fiscalmente sobre esa regularización. Para ello, sugirió limitar la prescripción a una fecha concreta: “Se podrían establecer fechas específicas, incluso hasta el último día del Gobierno de Milei. Las cifras no me cierran si se plantea un plazo de dos años”. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, advirtió que reducir el plazo de prescripción a dos años limitaría las capacidades del fisco para detectar movimientos significativos con dólares no declarados. “Tendría menos tiempo para realizar determinaciones de oficio y contaría con menos información”, observó. También hizo referencia a los montos involucrados: “Si actualizamos el monto de la evasión simple de 1,5 millones (establecido en 2017), este ascendería a 100 millones de pesos”, mientras que la evasión agravada alcanzaría los $1.500 millones. Según su análisis, “la lógica sería: reducimos la prescripción para que no puedan ajustar rápidamente, aumentamos el régimen penal tributario, pero si superas los 100 millones es evasión”. Así, concluyó que “no parece haber una liberación de los dólares del colchón, sino más bien una actualización normal. Se libera la evasión menor”. Fernanda Laiún, socia de Laiún, Fernández Sabella & Smudt, precisó que “no hay un proyecto para modificar la ley penal tributaria en sí, sino solo para elevar los importes a partir de los cuales ARCA debe realizar la denuncia por evasión”, con una actualización por inflación desde 2017. Respecto a la prescripción, consideró que “un plazo de cinco años, como el que tenemos para contribuyentes inscriptos, es razonable”, aunque reconoció que en sistemas como el británico o el estadounidense, los fiscos llevan a cabo controles más inmediatos. En este contexto, explicó que si se amplía el régimen simplificado a todas las personas con ingresos de fuente argentina, “es necesario modificar la prescripción porque, de lo contrario, sería inconsistente”. A su juicio, “la propuesta es reducirla a dos años para brindar la certeza de que los aspectos previos al nuevo régimen prescriben durante este período de gobierno”. El Gobierno nacional sumó este lunes a dos gobernadores más a la lista de mandatarios que decidieron adherir al nuevo régimen tributario. Tal como había anticipado Infobae, Entre Ríos y Chubut firmaron su apoyo en una reunión en Casa Rosada. En el Poder Ejecutivo, esperan captar otros apoyos a lo largo de la semana. La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. También estuvieron presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes formalizaron la adhesión de sus provincias al nuevo régimen. “Las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, así como los consumos que superen los umbrales establecidos por ARCA, actualmente fijados en $50.000.000”, insistió ARCA en un comunicado.
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