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Parana » Entreriosya
Fecha: 02/06/2025 20:11
El gobierno de Javier Milei implementó un cambio significativo en la forma en que se abordará la asistencia a personas en situación de calle en todo el país. A partir de este lunes, con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 373/2025, se establece que la responsabilidad de gestionar y ejecutar las políticas públicas en esta área pasará a ser exclusivamente de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un rol de supervisión y coordinación limitado para el Ejecutivo nacional. La medida, que marca un giro en las políticas asistenciales, reduce la intervención del gobierno central y otorga a las jurisdicciones locales la capacidad total para ejecutar las políticas de asistencia. Según establece el Decreto, el Ejecutivo nacional pasará a ser un “órgano rector”, encargado de “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales” en caso de ser necesario. “El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle”, señala el documento oficial. El principio de subsidiariedad como eje de la nueva política La reforma no solo implica una transferencia de responsabilidades, sino también una redefinición del papel del Estado en la atención de la problemática. En este sentido, el gobierno subraya que la situación de calle es un desafío “complejo y multidimensional”, que requiere una intervención coordinada entre los distintos niveles de gobierno. El Decreto establece que “la situación de calle constituye una problemática social de carácter complejo y multidimensional cuya atención exige un esfuerzo concurrente y coordinado entre el Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires”. Además, aclara que las competencias son “concurrentes” y deben seguir el principio de subsidiariedad, que sostiene que la intervención del gobierno nacional solo es válida cuando los gobiernos locales no pueden cumplir de manera eficaz con sus responsabilidades. “La intervención del Estado será eficaz en este campo en tanto se despliegue de manera subsidiaria y respetuosa en todo momento del ámbito de actuación que corresponde a los gobiernos locales”, puntualiza el Decreto, dejando claro que la intervención del Gobierno central se realizará solo cuando los recursos técnicos, humanos o económicos sean insuficientes en las jurisdicciones locales. Modificaciones a la Ley N° 27.654 y la nueva autoridad de aplicación La medida anunciada también afecta a la Ley N° 27.654, que fue sancionada con el objetivo de proteger los derechos de las personas en situación de calle y aquellas que están en riesgo de perder su vivienda. Con la nueva modificación, el Ejecutivo transfiere las competencias a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que serán responsables de la implementación directa de las políticas de asistencia. Para coordinar estas acciones y monitorear el uso de los fondos nacionales, el gobierno nacional ha designado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, como la nueva autoridad de aplicación. Según el Decreto, “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires, en su condición de responsables inmediatos de la atención de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, tienen a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes”. Finalmente, el gobierno estableció que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán desarrollar sus propios planes y estrategias para abordar esta problemática, manteniendo la coordinación con la Secretaría Nacional para garantizar la correcta utilización de los recursos y la implementación eficaz de las políticas. Fuente: La Nación Podes comentar esta noticia mas abajo
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