04/06/2025 13:41
04/06/2025 13:41
04/06/2025 13:37
04/06/2025 13:36
04/06/2025 13:35
04/06/2025 13:35
04/06/2025 13:34
04/06/2025 13:30
04/06/2025 13:30
04/06/2025 13:30
Parana » Ahora
Fecha: 02/06/2025 19:25
Las próximas horas serán clave en la vida del exgobernador Sergio Urribarri porque puede sumar otro problema judicial: el juicio por la causa Coimas. Después de varios meses, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó para este jueves a la mañana la audiencia para que el juez de Garantías, Julián Vergara, dé a conocer si remite o no el legajo a juicio que tiene como imputado, además del exembajador en Israel y Chipre, al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Según se informó a AHORA, la audiencia será el jueves a las 8.30. La preocupación en el interior del urribarrismo es máxima. Para el exdiputado provincial durante la primera gestión de Gustavo Bordet y exministro de Gobierno de Jorge Busti, un nuevo juicio es la posibilidad de una nueva condena que se le puede sumar a la de ocho años de cárcel que ya tiene. La última audiencia de la extensa remisión a juicio, que duró casi un año, fue el 31 de marzo de 2025. Tanto la fiscalía como las defensas esperaban tener resultados en 20 días, pero el tiempo pasó. Recién 66 días después, Vergara estará dando a conocer su decisión. Esta resolución es inapelable. En caso de ser enviada a juicio oral la causa, habrá que esperar a que se fije fecha de debate. Muchos ya especulan con que no tiene que realizarse este año por ser electoral. La demora de estas audiencias tuvo que ver con que los abogados defensores intentaron apartar a Vergara del proceso por considerar que podía ser un juez parcial. La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. A lo largo de la remisión, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros. Además, detallaron los viajes que el empresario les pagó con dinero espurio a la familia Urribarri para que recorran el mundo, en algunos casos junto a amigos. Vergara tiene que resolver nulidades y sobreseimientos pedidos por los distintos abogados, que en su mayoría atacó la “traspolación” de prueba obtenida en una causa para iniciar otra. Los abogados Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa representan al imputado Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos. Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez patrocinan a Diego Armando Cardona Herreros; Leopoldo Lambruschini a Humberto José Flores (exsecretario de Hacienda de la provincia); Gaspar Reca y Sebastián Ludi, defensores oficiales, a Miguel Ángel Ulrich (exdirector de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía -sigue en funciones-); Juan Antonio Méndez al exdirector de Informática, Carlos Haidar; y Miguel Ángel Cullen al exgobernador Sergio Urribarri. Por su parte, el exministro de Trabajo de la Provincia, Guillermo Smaldone, se representa solo. Los hechos Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, es acusado de haber favorecido ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo cercano Diego Armando Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno y luego como gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era generar lucro ilícito mediante la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial. La acusación señala que en el presunto hecho también participaron varios funcionarios, incluyendo a Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, entonces encargado de la cartera de Trabajo. Asimismo, a Urribarri y Haidar se les imputa una “adenda” por la falsificación de fechas en actos administrativos, lo que permitió que la prórroga de ocho meses se computara desde diciembre de 2009, aunque realmente comenzó en enero de 2010. Esta maniobra habría permitido a la empresa y a los funcionarios obtener ganancias sin contraprestación alguna.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por