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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 02/06/2025 01:21
La Cámara de Diputados de Entre Ríos volverá a ser escenario este lunes 2 de junio a las 14:30 horas de un intenso debate sobre la controvertida modificación de la Ley de Juicio por Jurados. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento continuará analizando el proyecto del Poder Ejecutivo que busca limitar la competencia del jurado popular a delitos con penas superiores a los 20 años de prisión o reclusión. El proyecto de ley, que ingresó a la Cámara Baja el 26 de julio de 2024, propone una reforma clave al artículo 2° de la Ley 10.746. De ser aprobado, el nuevo texto establecerá que solo los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda los 20 años de prisión o reclusión, junto con sus delitos conexos, serán obligatoriamente juzgados por jurados. En caso de concurso de delitos, bastará con que al menos uno de ellos tenga prevista una pena superior a los 20 años. La norma también reitera la obligatoriedad e irrenunciabilidad de la integración con jurados, aunque mantiene la posibilidad de formas alternativas de resolución de conflictos hasta la audiencia de admisión de pruebas. Entrada en vigencia inmediata y polémica por la retroactividad Uno de los puntos más sensibles del proyecto reside en su entrada en vigencia. El artículo segundo establece que las nuevas disposiciones «entrarán en vigencia en forma inmediata, aplicándose aún a las causas en trámite en las que no se hubiera celebrado la audiencia prevista en el artículo 25° de la Ley 10.746». Esto implicaría una aplicación retroactiva de la reforma, generando preocupación en el ámbito judicial. Cuestionamientos y falta de convocatoria a actores clave La iniciativa oficialista ha generado fuertes polémicas desde su génesis. Numerosos actores de la vida judicial y política que impulsaron la sanción de la ley de Juicio por Jurados en 2019, considerándola una deuda democrática, denunciaron no haber sido convocados a participar de los debates iniciales cuando el tema cobró estado público y parlamentario en junio de 2024. A principios de agosto de 2024, el Instituto Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, presidido por el abogado Miguel Cullen, elevó una nota a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gabriela Lena, expresando su «profunda preocupación por el proyecto de ley» y señalando la falta de invitación a la reunión programada para el 13 de agosto. La misiva, firmada por Cullen y el secretario del Instituto, José Velázquez, destacaba la opinión conjunta con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Asociación Vidaer, Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), que consideran que la reforma busca «restringir de manera abiertamente inconstitucional la competencia del juicio por jurados». Si bien estas instituciones críticas fueron finalmente convocadas a principios de septiembre de 2024, participando en la reunión el juez Elvio Garzón, los abogados Julián Alfie, Miguel Cullen, José Velázquez y Damián Petenatti, y la entonces intendenta de Paraná, Rosario Romero, el debate inicial ya había sembrado dudas. La justificación oficial: Demoras en la justicia y agenda saturada La primera reunión de la Comisión, realizada el 13 de agosto, contó con la presencia de importantes figuras del Poder Judicial como Daniel Carubia y Claudia Mizawak (Sala Penal del STJ), Maximiliano Benítez (Defensor General), Jorge Amílcar Luciano García (Procurador General), y Alejandro Weber (Secretaría de Justicia), además de representantes del Colegio de la Abogacía. El proyecto de modificación de la Ley 10.746, sancionada en 2019, argumenta que «transcurrido algunos años de su puesta en vigencia se advierte la necesidad de propiciar una reforma legislativa vinculada concretamente con el abanico de figuras delictivas que se encuentran comprendidas por este procedimiento de enjuiciamiento». Se señala que la redacción actual abarca un gran número de delitos, como tentativa de homicidios agravados, homicidios agravados, abusos sexuales gravemente ultrajantes y con acceso carnal agravados, y privación ilegítima de la libertad con muerte de la persona. Sin embargo, el punto más cuestionado de la fundamentación radica en que «la amplitud de la norma ha generado una demora significativa en la realización de los juicios», según informes del Poder Judicial que adjunta el proyecto. Se afirma que la agenda de 2024 ya estaría agotada y la de 2025 en vías de completarse, con «una gran cantidad de causas que deberían esperar la celebración del juicio por jurados, ya que hay varias remisiones a juicio hechas por los Fiscales que ni siquiera tienen la audiencia de admisión de evidencias por no tener capacidad para celebrarlo». La decisión que tomen los diputados tendrá un impacto significativo en el sistema judicial entrerriano y en el acceso a la justicia de sus ciudadanos. compartir
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