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CABA » Plazademayo
Fecha: 31/05/2025 18:55
El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala condenó este viernes a tres exparamilitares a 40 años de prisión cada uno por delitos de violencia sexual y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que asoló al país entre 1960 y 1996. Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, integrantes de una patrulla civil de autodefensa vinculada al Ejército, fueron hallados culpables de violar sistemáticamente a seis mujeres indígenas mayas en el municipio de Rabinal, Alta Verapaz, entre 1981 y 1983. Durante la lectura del fallo, la jueza María Eugenia Castellanos detalló que algunas de las víctimas estaban embarazadas al momento de las agresiones, lo que les provocó la pérdida de sus hijos. Además, subrayó que las mujeres aún enfrentan severas secuelas físicas y psicológicas como resultado de la violencia sufrida. “El daño es irreversible”, afirmó Castellanos, quien calificó el trato a las víctimas como “grotesco y vulgar”. La magistrada recordó que este tipo de actos constituyen crímenes de lesa humanidad y no prescriben, debido a la gravedad y el impacto sistemático contra la población civil. Este veredicto llega tras un juicio que se extendió por cuatro meses y marca un giro en la búsqueda de justicia para las víctimas, luego de que en 2019 los mismos acusados fueran liberados por decisión de una jueza que consideró insuficientes las pruebas en su contra. Sin embargo, una apelación presentada por la defensa de las víctimas reabrió el caso, permitiendo la realización de un nuevo juicio oral y público. Rabinal, epicentro de numerosas masacres durante la guerra interna, es una de las comunidades más golpeadas por la represión estatal. Las violaciones sexuales, utilizadas como arma de guerra, fueron parte de una estrategia sistemática contra mujeres indígenas, en un conflicto que, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y organismos internacionales, dejó más de 250.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría a manos del Estado. El fallo es considerado un avance importante en la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual en contextos de guerra, y representa un paso más hacia el reconocimiento y reparación de los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala.
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