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» Sin Mordaza
Fecha: 30/05/2025 12:14
La ciudad de Santa Fe fue escenario este jueves de una masiva movilización en el marco del paro nacional de prestadores de servicios para personas con discapacidad. La protesta se centró en el reclamo por los pagos atrasados de las obras sociales y la urgente necesidad de una actualización de aranceles, congelados desde principios de 2024. La manifestación, que reunió a profesionales, personas con discapacidad y familiares, partió desde El Molino Fábrica Cultural (Bv. Gálvez y Rivadavia) y llegó hasta el Puente Colgante, iluminando el recorrido con linternas, celulares y carteles en el marco de la consigna nacional: “una luz por la discapacidad”. “Las terapias no empobrecen, me enriquecen” y “por cada prestación que no se paga hay un derecho que se vulnera” fueron algunas de las frases más repetidas durante la marcha, donde se pudo ver a personas con muletas, bastones blancos y sillas de ruedas visibilizando la problemática. Un sector al borde del colapso La situación que atraviesan los prestadores es crítica: retrasos en los pagos de entre 60 y 120 días, recortes en las sesiones autorizadas y aumentos mínimos, que no superan el 1%, están poniendo en riesgo la continuidad de muchas instituciones. Algunas ya advirtieron que podrían cerrar sus puertas si no hay respuestas inmediatas. La presidenta de la Asociación Civil Incluime, Mariela Peña, fue contundente: “Estamos hablando del derecho a vivir. Si una persona con discapacidad no accede a sus tratamientos, su vida corre peligro”. En Santa Fe, el reclamo también apuntó directamente a la obra social provincial, IAPOS, a la que se acusa de tener los aranceles más bajos del sistema y de retrasarse aún más que otras entidades en los pagos. Algunos profesionales aseguran que recién están cobrando lo trabajado en febrero, y otros aún no recibieron el pago de enero. La medida de fuerza, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el jueves 30 de mayo, se replica en distintas provincias con modalidades diversas. En todos los casos, los prestadores advierten que si no hay respuestas urgentes, la atención a personas con discapacidad quedará seriamente comprometida.
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