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» Misionesopina
Fecha: 30/05/2025 09:19
La nueva reforma migratoria oficializada por el gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 366/2025, promete orden y seguridad en las fronteras argentinas. Pero en Puerto Iguazú, los beneficios tienen nombre y apellido: Duty Free Shop. Mientras que los comercios locales enfrentan trabas cada vez más burocráticas para recibir flujo de clientes brasileños, el megacentro comercial a pasos del puente Tancredo Neves sigue operando como una isla de privilegios. El endurecimiento de los controles migratorios impacta directamente sobre los compradores brasileños, quienes ahora deben presentar una declaración jurada y pasar por una revisión documental estricta si quieren ingresar al territorio de Iguazú. Sin embargo, para acceder al Duty Free, no deben hacer ese vía crucis burocrático: basta con cruzar el puente, sin papeleo, sin esperas y sin controles, para disfrutar de precios imbatibles, exentos de impuestos nacionales. un beneficio doble: menos trámites y mejores precios que el comercio local. ¿El resultado? Los comercios de Iguazú pierden clientela. El Duty, blindado de los rigores de la nueva ley, se consolida como el paraíso fiscal al alcance de los turistas. Para el comercio local, que ya venía denunciando competencia desleal desde hace años, el escenario se volverá insostenible: deben enfrentar la carga impositiva completa y ahora también las trabas migratorias que ahuyentan a los potenciales compradores provenientes de Brasil. "No hay igualdad de condiciones", reclaman los comerciantes. "El Duty no paga IVA, no paga Ganancias, no tiene las cargas que tenemos nosotros, y encima sus clientes no tienen que hacer trámites migratorios. Ahora, con esta reforma, el desbalance es total." ¿Un acuerdo político con los K? La empresa madre del Duty Free Shop, London Supply, no es ajena a las grandes esferas de poder. En su momento, fue protagonista de uno de los episodios más escandalosos de la última década: aportó 1,8 millones de dólares para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, la empresa que luego terminó bajo control del entonces vicepresidente kirchnerista, Amado Boudou. Aquella operación terminó con Boudou condenado por negociaciones incompatibles con la función pública. Con este antecedente en mente, una pregunta empieza a circular en los pasillos políticos: ¿los beneficios que recibe el Duty Free en este nuevo esquema migratorio son una casualidad o forman parte de un acuerdo de conveniencia entre La Libertad Avanza y sectores residuales del kirchnerismo? El modelo de "libre mercado" que pregona Milei parece tener sus matices cuando se trata de grandes intereses económicos. Mientras los pequeños y medianos comerciantes de Iguazú sufren el impacto de la "modernización" migratoria, el Duty Free Shop se posiciona mejor que nunca, inmunizado frente a la competencia desleal que ellos mismos denuncian. De hecho, el nuevo Decreto no menciona en ningún apartado la necesidad de revisar o equiparar las condiciones impositivas o migratorias del Duty respecto al comercio local. Tampoco se advierte intención alguna de ponerle coto al régimen de exenciones que beneficia a London Supply. ¿Se trata simplemente de una omisión técnica o de un guiño político hacia quienes saben jugar el tablero del poder desde hace décadas? La sospecha, por ahora, crece en paralelo al vacío de respuestas. En la triple frontera, donde cada gesto político tiene impacto inmediato en la economía real, el nuevo orden migratorio tiene ganadores y perdedores bien definidos. Y entre la maraña de discursos sobre libertad, igualdad y propiedad, la balanza se inclina una vez más hacia los de siempre. Puerto Iguazú mira cómo se esfuman sus oportunidades mientras el Duty, con privilegios intactos, celebra en silencio. Como si el "cambio" prometido no fuera otra cosa que la perpetuación de viejos pactos bajo nuevas banderas. PROCESADO POR OTRA CAUSA El Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Resolución 556/2024, prorrogó por ocho años la habilitación de explotación comercial de la Zona Franca de Puerto Iguazú. El nuevo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2038 y beneficia directamente a la empresa London Supply, presidida por Eduardo “Tedy” Taratuty. Lo que generó controversia es que Taratuty se encuentra procesado en una causa penal por delitos vinculados a la administración pública. La prórroga se ampara en el artículo 4° del Decreto 1109/1994, que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a renovar concesiones de zonas francas por un período igual al originalmente otorgado. Sin embargo, el marco normativo no está por encima de la ley penal ni del régimen de contrataciones del Estado, que impide prorrogar beneficios a personas jurídicas cuyos titulares estén procesados o condenados por delitos dolosos que perjudiquen a la administración pública. El empresario tiene un procesamiento firme por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, puntualmente en el posible direccionamiento de la licitación pública de concesión y explotación de Puerto Pañuelo, en el parque nacional Nahuel Huapí, en la provincia de Río Negro. Y si bien su juicio oral aún se encuentra suspendido por una apelación procesal, el dictamen judicial que lo señala como responsable continúa vigente. Pese a ello, el Estado nacional firmó una extensión contractual que en los hechos modifica las condiciones iniciales del acuerdo. De esta manera, Taratuty, en su carácter de presidente de London Supply, se benefició con una prórroga que -de acuerdo con el Decreto 1023/2001- no debería haber sido habilitada. La Auditoría General de la Nación (AGN) ya solicitó antecedentes al juzgado que lleva la causa penal.
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