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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 30/05/2025 07:26
Gualeguaychú se manifestó en una marcha masiva para reclamar por políticas públicas en discapacidad, denunciando la falta de presupuesto y la precariedad del sistema de apoyo. La protesta, que se suma a otras convocatorias a nivel nacional, puso de manifiesto la situación crítica que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, pero también la falta de honorarios acordes para los profesionales que sostienen los tratamientos de seguimiento de los pacientes. "Entre los reclamos principales se encuentra la actualización del nomenclador nacional para profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y terapistas ocupacionales, quienes denuncian atrasos en los pagos por parte de las obras sociales, llegando incluso a 7 meses de demora", puntualizó a R2820, Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Enseguida expone una definición que deja sin aliento a quien la escucha: ""Nada mejoró, todo empeoró en la atención a la discapacidad". "Esto genera una situación insostenible, ya que los honorarios no se ajustan a la inflación, y los profesionales se ven obligados a trabajar prácticamente sin remuneración", graficó Recchia y puso como ejemplo: "una prestación el año pasado la llegué a pagar 8.000 pesos, hoy me sale 23 mil la hora. O sea que cuando me lo reintegran, no hago ni un guiso con eso". La situación se agrava con la falta de cobertura de medicamentos, ya que "las obras sociales no cumplen con el 100% de cobertura establecido por ley, imponiendo cupos y generando dificultades para acceder a tratamientos esenciales. Esta situación se atribuye a la falta de control y regulación de las obras sociales, lo que viola sistemáticamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad". Recchia agregó que el proceso se agravó desde que "liberaron las obras sociales porque hacen lo que quieren: no te pagan ese 100% o te ponen cupos. Estamos en un problema muy serio porque muchos no podemos comprar los remedios que necesitan nuestros hijos". En esa línea, el presidente de Incluir abogó por la solidaridad comunitaria. "La sociedad tiene que registrar esto porque la discapacidad no es patrimonio de los que tenemos familiares con discapacidad, cualquiera puede tener una discapacidad en cualquier momento". Los manifestantes denuncian una "violencia institucional tremenda" y la falta de diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación, al que responsabilizan por el "retroceso a un modelo médico en lugar del modelo social de la discapacidad. "Necesitamos que nos escuchen. Tengo 36 años de militancia en discapacidad, a partidaria, y pertenezco a una red nacional de síndrome de Down, con gente muy adentrada en el tema. Podemos aportar desde los colectivos de discapacidad para revertir esta situación", dijo Pablo Recchia. Anticipó que "el miércoles 4 de junio el proyecto de la Ley Nacional de Emergencia de Discapacidad y se espera sea votada en la Cámara de Diputados, para asegurar un presupuesto adecuado y solucionar la problemática", explicó Recchia. La marcha, que se considera la segunda de gran envergadura en el último año y medio, reunió el doble de participantes que la anterior, incluyendo profesionales y trabajadores del sector, demostrando la "creciente preocupación y la falta de mejoras en la situación". Los manifestantes denuncian un empeoramiento sistemático de la situación, con un gobierno que, según ellos, es "agresivo" y "reprime las manifestaciones".
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