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  • Nueva política migratoria en Argentina: salud y universidad, solo para residentes permanentes

    » tn24

    Fecha: 29/05/2025 18:18

    El decreto 366/2025 impone límites al acceso a la salud y a la educación para extranjeros sin residencia definitiva. También endurece las condiciones de ingreso y permanencia. Desde este lunes, rige en Argentina una nueva normativa migratoria que redefine las condiciones de ingreso, residencia y acceso a servicios públicos para extranjeros. El decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece un marco más restrictivo para quienes no tengan residencia permanente, en línea con el discurso del presidente Javier Milei sobre la necesidad de una “reforma migratoria integral”. Uno de los cambios más relevantes afecta al acceso a la educación superior. A partir de ahora, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se prevé un sistema de becas que deberán gestionarse de forma individual. En contraste, los niveles inicial, primario y secundario seguirán siendo gratuitos y de libre acceso. También se modificó el acceso a la salud pública: los residentes temporarios deberán presentar un seguro médico válido al ingresar al país. La falta de cobertura será causal de inadmisión, salvo en casos de emergencia, en los que se garantiza la atención sin distinción de estatus migratorio. El decreto incorpora dos nuevas vías para obtener la ciudadanía: una por permanencia continua de al menos dos años, y otra para quienes realicen inversiones relevantes, sin exigir un plazo mínimo de residencia. Además, se endurecieron los criterios para conservar la residencia permanente. Los antecedentes penales, el ingreso por pasos no habilitados y la permanencia prolongada fuera del país podrán ser causales de expulsión. Con este nuevo marco legal, el Gobierno busca limitar el ingreso irregular y condicionar el acceso a derechos básicos a la situación migratoria formal de cada persona. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá mayores facultades para aplicar sanciones y restricciones de ingreso, que podrán extenderse por cinco años o más.

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