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» Diario Opinion
Fecha: 29/05/2025 14:23
El Consejo de la Magistratura de la Nación concluyó por unanimidad que los hechos por los cuales analizó la conducta del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque son causa suficiente para su destitución del cargo por mal desempeño. El magistrado fue citado a concurrir el 17 de junio en la sede del organismo para notificarlo de la determinación de ser corrido de su cargo y exponerle las pruebas de sustento. A partir de ese momento el juez federal que ocupa su cargo en Rosario desde 2008 a la fecha quedará suspendido. Desde entonces debe formalizarse el tribunal de enjuiciamiento que resolverá su destino. Puede ser absuelto, sancionado o destituido. Si el juez federal es destituido, lo que se estima puede ocurrir antes de la feria judicial de invierno, quedará en prisión domiciliaria. Hace tres semanas en el seguimiento penal que lo investiga por delitos en tres causas, las mismas que analizaba el Consejo, el juez a cargo le impuso prisión preventiva por 90 días, lo que no pudo ejecutarse hasta tanto el organismo que se pronunció este miércoles resolviera. La semana pasada la Cámara Federal de Rosario convirtió en prisión domiciliaria la medida que para el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz debía cumplirse en un establecimiento penitenciario La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, conducida por el senador nacional Luis Juez, consideró el dictamen de acusación elaborado por el consejero Alvaro González. Este expuso brevemente los tres casos por los cuales se analizó la conducta del juez. "En los tres cargos se imputa al doctor Bailaque haber incurrido en mal desempeño en sus funciones por haber obrado con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando la confianza en el Poder Judicial", sostuvo González. La primera causa en la que se investigó a Bailaque es por una serie de investigaciones periodísticas que recogió la diputada provincial de Santa Fe Lionella Cattalini por haber obstaculizado una investigación penal, al no autorizar entre 2013 y 2015 medidas de prueba cruciales para investigar a Esteban Lindor Alvarado, un actor central de la criminalidad de Rosario quien diez años después fue condenado por narcotráfico. También señaló que se encontraba comprobado que, el contador Gabriel Mizzau llevaba la contabilidad de empresas ligadas a Alvarado y actuaba asimismo como contador personal de Bailaque. Esto la legisladora lo tomó de publicaciones previas en medios, que consignaron que Sebastián Mizzau, hijo del contador, comenzó a trabajar en el año 2017 en el juzgado federal a cargo del magistrado, donde permaneció, prestando funciones, hasta el mes de abril de 2024. La segunda causa es la coordinación entre el magistrado con el ex director de la AFIP de Rosario Carlos Vaudagna y del financista Fernando Whpei para armar una causa penal a dos empresarios a fin de perjudicarlos. Este es un trámite por extorsión y prevaricato en el que las víctimas resultan los agentes bursátiles rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto quienes, según se reveló en audiencia, accedieron a hacer pagos hasta totalizar 160 mil dólares a fin de que el trámite quedara paralizado. El tercer caso es haber destinado de manera parcial mil millones de pesos a una entidad financiera manejada por el aludido empresario Whpei, de quien Bailaque se reconoce amigo, procedentes de una cooperativa portuaria que tenía a sus directivos implicados en una causa penal y tales fondos inmovilizados por ese motivo. "Tengo el más absoluto convencimiento que hicimos todo en razón del debido proceso para que el doctor Bailaque se pudiera defender con garantías. Este mal desempeño tiene fundamentos objetivos de carácter jurisdiccional", dijo el consejero instructor.
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