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  • Precariedad y falta de recursos ponen en riesgo la atención a personas de discapacidad

    Gualeguaychu » Reporte2820

    Fecha: 30/05/2025 07:23

    Una madre contando con lágrimas en los ojos por qué su hijo necesita de la atención médica para seguir avanzando y una profesional detallando la falta de aumento de los honorarios pusieron en foco la protesta social. La Ley 24.901, que garantiza la habilitación y rehabilitación integral de personas con discapacidad, se encuentra en una situación crítica debido a la precarización del sistema. Los profesionales que trabajan en este ámbito denuncian una serie de problemas que amenazan con la desaparición de la prestación básica. Eso genera preocupación e inquietud en las familias con personas discapacitadas que tienen que sacar plata de donde no tienen para pagarle a los asistentes para mantener los tratamientos vitales para ellos. "Uno de los principales problemas es la demora en la emisión de autorizaciones para iniciar tratamientos, lo que genera atrasos en las intervenciones necesarias. A esto se suma la extrema desactualización de los aranceles, que no llegan a cubrir ni la mitad del costo real de las sesiones. Los aumentos aplicados -menores al 2 por ciento- en los últimos meses son irrisorios, en comparación con la inflación acumulada", denunciaron los profesionales en un texto que leyeron en la puerta del Municipio. La situación se agrava "con la demora en los pagos, que puede llegar a los 60 días en el mejor de los casos, y con el recorte de prestaciones por parte de las obras sociales, que limitan las terapias y tratamientos a criterio propio, sin considerar la necesidad de las personas". Los profesionales cuentan que trabajan mucho más allá de las sesiones formales, "incluyendo reuniones con familias, escuelas y otros equipos terapéuticos, contestando mensajes y elaborando informes o realizando tareas que no son remuneradas". "Esta situación genera una doble vulneración: a las personas con discapacidad, que se ven privadas de tratamientos esenciales, y a los profesionales, que no pueden sostener su labor por las condiciones laborales precarias. La falta de recursos económicos y la burocracia excesiva están llevando al límite al sistema, amenazando con la desaparición de servicios esenciales de salud y educación para las personas con discapacidad. Se reclama la actualización de aranceles, el pago oportuno de las prestaciones y la eliminación de obstáculos burocráticos para garantizar la atención de calidad que se merecen", enumeraron con extrema claridad en el texto leído ante padres y familiares. De la impotancia al apoyo Luego fue el turno del testimonio de una madre de familia que reflejó la realidad de muchas familias que deben afrontar "los costos de las terapias de sus hijos, lidiando con demoras en autorizaciones, pagos que no llegan y la necesidad de recurrir a recursos de amparo judiciales para que se reconozcan sus derechos". Con lágrimas en los ojos y la emoción de una madre que sabe de la necesidad de su hijo para que los tratamientos mejoren su calidad de vida, reconoció que "la falta de recursos económicos hace que muchas familias no puedan acceder a las terapias que sus hijos necesitan, poniendo en riesgo su desarrollo integral". "El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a prestaciones accesibles y de calidad, lo cual no es posible si las condiciones laborales de los prestadores son precarias", denunció. "Me pregunto si llegará un momento en que habrá acompañamiento solo para quienes puedan pagarlos. ¿Qué tiene eso de inclusivo o de equitativo? ¿Hay ciudadanos de primera y otros de segunda? Parece injusto que una vocación tan humana no sea redituable económicamente, aunque hayan demostrado un trabajo profesional y muy comprometido. Estas son vocaciones que no debemos dejar de lado, ni descuidar", agregó. "Esto no es solo una demanda económica. Lo que está en juego es mucho más, es el derecho de nuestros hijos a ser acompañados, a desplegar posibilidades, a contar con el apoyo que necesitan para construir su camino. Un camino tan valioso como el de cualquiera. Ningún niño o niña con discapacidad debería esperar. No a la burocracia ni al recorte. Por eso acompañamos esta lucha, porque es justa, porque es necesaria, porque nos atraviesa como familias", cerró.

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